El presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha señalado desde los primeros días de su gobierno: “Sin Seguridad, no habrá 4T”. Y junio de 2022 debe ser una señal de alerta, pues el pasado 26 de julio el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio a conocer que ese mes registró 281 mujeres víctimas de homicidio doloso.
El presidente ha optado por una versión clásica del Estado Moderno, en que no se admite que cualquier segmento de la población es “especial”, sino que la Seguridad Pública debe ser otorgada a todos y a cada uno de los miembros del tejido social. Bastante ideal, pero fuera de la realidad. Los números son escalofriantes y el feminicidio debe considerarse como algo “especial”.
Según la SESNSP, mayo y junio experimentaron un incremento de 6 % de asesinatos en contra de mujeres y, según las cifras, en su mayoría son jóvenes de 18 años. En mayo, la cifra había llegado a 265 mujeres victimadas; para junio fueron 281. El conteo para lo que va de 2022, es de mil 398 víctimas de feminicidio, cifra que supera al conteo del mismo periodo en 2021: mil 379.
En la sección sobre temas de Seguridad de los jueves, llamada “Cero Impunidad”, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, dio a conocer datos de que este delito había disminuido en un 8.5 % en el periodo que va de enero a junio, con respecto a las cifras de 2021. Una “baja en términos anuales”, según declaró el funcionario, con aspiraciones a la gubernatura de Coahuila.
Pero las cifras de la SESNSP revelan una realidad en la que muchos de esos crímenes no podrán resolverse dada la separación de las funciones de las dependencias federales y las estatales. Mejía Berdeja ha resaltado durante sus intervenciones que el sistema federal se ha coordinado mejor y por ese motivo “no hay un solo día en que no haya un feminicida detenido, procesado y sentenciado”.
Para la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, la raíz de los feminicidios está en los altos grados de impunidad que se practican en las fiscalías estatales, producto de un enquistamiento de las prácticas de corrupción que proliferaron durante más de tres décadas. Bajo estas prácticas locales, cualquier avance en el ámbito federal será poco. Y los datos parecen apoyar su hipótesis.
Resulta que Luz se inmoló…
En una escena tragicómica, el pasado 26 de julio, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, declaró en avance sobre el feminicidio de Luz Raquel Padilla, quien fue quemada viva, que dos videos, los cuales la muestran comprando botellas de alcohol y un encendedor -localizado en el sitio donde fue quemada- son pruebas de que la mujer de 35 años se habría prendido fuego a sí misma.
El comunicado del fiscal, afín al gobernador del estado, Enrique Alfaro, dirige las líneas de investigación a un auto atentado, descartando que, en el departamento de Luz Raquel, fueron encontradas invectivas contra ella que la intentaban amedrentar con total impunidad. “Te vas a morir machorra”, “Te voy a quemar viva”, con pintura de aerosol negra. Para el fiscal eso no es relevante.
En resumidas cuentas, el enfoque de las autoridades de Jalisco, parece más de control de daños, que de castigar a los culpables. Se ha determinado que un grupo de sujetos roció a Luz Raquel con dos galones de alcohol y luego le prendió fuego. Pero el factor político no puede obviarse ante las obvias aspiraciones a encabezar la apuesta por la presidencia por Movimiento Ciudadano (MC), de Alfaro.
Desde el principio, el gobernador ha dicho que es imposible detener a los agresores cuando éstos están decididos a ejecutar un crimen tan deleznable. Son maniobras para dar carpetazo a los asuntos importantes y que no afecten, aún más, la popularidad de Alfaro. En sólo horas, diversas asociaciones civiles expresaron que era una forma de revictimizar a Luz Raquel.
…y Debanhi cayó en la cisterna
El caso más sonado de feminicidio de los últimos meses es el de la joven de 18 años, Debanhi Escobar, ocurrido el 9 de abril y encontrada dos semanas después en las afueras de Monterrey, Nuevo León. En un inicio, en otra innegable operación cicatriz del gobierno de Samuel García y los medios de comunicación que ha cooptado desde que llegó al poder, se intentó declarar que fue un “accidente”.
Pero el padre de Debanhi, Mario Escobar, y la inteligente presión a través de los medios alternativos, hizo a la fiscalía reformular sus hipótesis (no porque eso quisiera), una de las cuales refería que Debanhi quien fue encontrada en el interior de una cisterna abandonada, había tropezado y se había matado con la caída. La presión del señor Escobar sirvió para que se elaborara un tercer peritaje.
Con el caso ya en trascendencia nacional, el gobierno federal ofreció coadyuvar, pero también fue advertido por sendos analistas, tanto pro 4T, como opositores, que el Gobierno Federal dejaba a Nuevo León estrellarse en sus propias pifias. Así, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía, determinó el 26 de julio que el deceso por asfixia de la Debanhi había sido un feminicidio.
Una versión que obligó al gobierno de Monterrey a incluir nuevas líneas de investigación. Aunque aún sin resultados en ese frente, Mejía dejó entrever que había ya en curso investigaciones hacia servidores públicos debido a las irregularidades (como declarar sin pruebas fehacientes que el asesinato de Debanhi había sido un accidente), y otros datos que generan serias dudas.
“Se hartó de la vida y se suicidó”
En Monterrey también llamó la atención la muerte de Yolanda Martínez, mujer de 26 años, quien desapareció de su casa un 31 de marzo; apareció sin vida el 8 de mayo. Fue catalogado en tiempo récord como un suicidio. Su padre, Gerardo Martínez, presionó a las autoridades, hasta que logró que estas le dieran un viraje a la investigación y se catalogara como feminicidio.
En los tres casos, si los familiares de las chicas asesinadas no hubieran llamado la atención respecto a sus evidencias de que habían sido feminicidios, las autoridades locales habrían puesto el cerrojo a los casos, para evitar el daño político. En cifras contundentes, Guanajuato (PAN) lidera el deshonroso conteo con 195 víctimas de feminicidio. Le siguen Michoacán (Morena) con 152 y Baja California (Morena) con 140.
En tasa por cada 100 mil habitantes, Colima (PRI) tiene la primera posición, con 13.05 homicidios dolosos contra mujeres; Baja California, 7.46; Zacatecas (Morena), 7.21; Michoacán, 6.05; y Guanajuato con 6.01. Son tendencias abominables, que muestran un grado de impunidad que prefiere explicarse como “huyó con el novio”, u otras argumentaciones que criminalizan a la víctima.
Edomex, paraíso feminicida
El Estado de México que gobierna de forma casi virtual el priista Alfredo Del Mazo, y que vivirá unas competidas elecciones en 2023, contabiliza 120 feminicidios. Incrementó este tipo de delito un 7.4 %, equivalentes a 78 crímenes. Una lista en que también caben Nuevo León (MC), 58; Veracruz (Morena), 43; Ciudad de México (Morena),32; Oaxaca (PRI),26; y Chihuahua (PAN), con 23.
La SESNSP cataloga también que de los 100 municipios en que más crímenes homicidios dolosos en contra de mujeres se cometen, 18 pertenecen al Estado de México. De todos esos feminicidios cometidos en Edomex, 60 eran mayores de 18 años y 15 eran niñas y menores de edad.
Y es donde la demanda ciudadana rumbo a las próximas elecciones de gobernador en junio 2023, será abatir o reducir las cifras de este deleznable crimen. Por ejemplo, la puntera en las encuestas por el partido Morena, hoy secretaria de Educación, Delfina Gómez, ha propuesto iniciativas para erradicar la violencia contra las mujeres en instituciones de Educación Superior (IES).
Es demostración de que el llamado granero electoral que representa 12 millones de votos rumbo a la disputa por la presidencia en 2024, es además de botín político, un campo lleno de descomposición social y que, en la mayoría de los casos, el discurso del actual gobierno parece ser “dejar ser”, hasta que Morena acceda al poder y cambie la situación. Pero de eso nada es seguro.
Evidencia de que porqué diversas administraciones, de todas las fuerzas políticas, han intentando dar carpetazo a homicidios contra mujeres, pues son tremendamente lesivos de las intenciones de obtener un mayor cargo, sin importar el gran daño que le hacen a la sociedad este tipo de crímenes, ya que bien se dice que “Estado que no protege a sus mujeres, no es Estado”.
La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, ya ha calificado como “alarmante y preocupante”, el aumento de 137 % de este tipo de crímenes, entre 2015 y 2021, sin contar ese 97.7 % de homicidios dolosos contra mujeres que son índice indicativo de una impunidad que organizaciones civiles han catalogado como patriarcal, pues no se denuncian por temor a represalias.
El auge del feminicidio en nuestro país es a la vez de una de las más deleznables muestras de descomposición del tejido social y de decadencia de las instituciones del estado, un talón de Aquiles para cualquier fuerza política. En los siguientes meses si no decrece este tipo de crimen, las víctimas no sólo serán las Debanhis y Luz Raqueles que hoy lloramos, sino los sueños de políticos insulsos e inoperantes.
Sheinbaum, en pleno control de daños
Ante las cifras de la SESNSP, el gobierno de la Ciudad de México de Claudia Sheinbaum tiene una estrategia para tomar distancia del discurso presidencial que no da un lugar especial a los feminicidios. El lunes 25 de julio, Sheinbaum presentó la Línea de Atención a Emergencia SOS Mujeres *765, la cual busca prevenir la comisión de violencia contra las mujeres que suele desembocar en el feminicidio.
Y es que la Ciudad de México es la entidad que ocupa el lugar número 4 en este tipo de crímenes de odio contra el género femenino, contabilizando 32 víctimas en lo que va del año, en nueve alcaldías: Tlalpan, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Xochimilco, Azcapotzalco, GAM, Tláhuac y Venustiano Carranza, como escenarios de asesinatos de mujeres en lo que va del año.
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A través de la línea, un recurso que llega tarde en la administración de la jefa de Gobierno con aspiraciones a la candidatura presidencial, las mujeres de todas las edades podrán recibir orientación en confidencialidad, así como ayuda económica cuando así se determine, con lo cual se busca detener no sólo los ciclos de violencia, también, desde luego, la caída en las encuestas de Sheinbaum.