El edil de San Esteban Atatlahuca, Rogelio Bautista Barrios, y el regidor de Hacienda, Carlos Reaño Sandoval, fueron detenidos por las fuerzas de seguridad estatal; tras los hechos violentos y desalojos ocurridos en agencias municipales, confirmó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).
La captura de los imputados ocurrió en inmediaciones de la autopista Oaxaca- México, en caseta de cobro, en el tramo San Pablo Huitzo; en cumplimiento a una orden de aprehensión librada por un juez local, por los delitos desaparición forzada y ataque violento.
De acuerdo con la carpeta de investigación los implicados están señalados de ser los responsables de los hechos violentos ocurridos los días 21, 22 y 23 de octubre del 2021; en el que resultaron más de 100 casas quemadas, 132 familias desplazadas, cinco personas desaparecidas y dos personas asesinadas.
Los beneficiarios de medidas cautelares de las comunidades de Ndoyonoyuji, Guerrero Grande y Mier y Terán, así como víctimas de desplazamiento forzado interno, desaparición forzada de personas y daño por incendio saludan esta detención como un hecho de justicia.
“Con la cual es una señal de no habrá impunidad, que hasta antes de esas detenciones la impunidad había prevalecido, y ante las amenazas de que el día de mañana 23 de julio, un grupo de personas se introducirán a la comunidad de Guerrero Grande, San Esteban Atatlahuca, en forma violenta”, expuso el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedaphi) Maurilio Santiago Reyes,
Asimismo, dijo que los beneficiarios de medidas cautelares y víctimas de desplazamiento forzado interno convocan al gobierno mexicano al cumplimento de medidas cautelares y solicitan que lo más pronto posible se convoque a las partes a una primera reunión para nombrar una comisión de mediación que sea imparcial.
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En tanto Ranulfo Hernández Bautista, representante de las personas desplazadas de Ndoyonoyuji; Agustín Barrios Sandoval, agente de Mier y Terán; Gumaro Sandoval López, agente de Guerrero Grande, urgió a las instituciones de justicia actuar para que se puedan indagar otros delitos que pendientes de investigar como el caso de la ambientalista Irma Galindo.
