De los 104 expedientes que registra la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) por desplazamiento forzado y destierro comunitario, en casi el 90 por ciento la autoridad señalada como responsable, son los ayuntamientos.
Así lo informó el titular del organismo estatal, Bernardo Rodríguez Alamilla, quien aseguró que los 104 casos detectados se dieron durante el periodo 2011-2021, hay cientos de personas afectadas.
“Los derechos más violentados derivados de estos expedientes digamos o de estos desplazamientos forzados o destierros tienen o son el derecho a la legalidad, el derecho a la propiedad o posesión, generalmente la comunidad o municipio priva a estas familias o personas de sus bienes”.
Al explicar que el desplazamiento forzado comunitario en Oaxaca es multifactorial y suele darse en comunidades de bajo nivel de desarrollo y donde no hay presencia de las instituciones, Rodríguez Alamilla destacó que se detectan tres tipos de desplazamiento: individuales, familiares y colectivos.
“Generalmente no existen mecanismos institucionales de reacción inmediata que permita atender de manera humanitaria y de manera inmediata una vez que sucedió el fenómeno del desplazamiento, es decir, sucede el fenómeno y generalmente las instituciones tardan en reaccionar y perdón, estamos hablando de vidas”.
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El Ombudsman de Oaxaca, destacó que los fenómenos que suelen generar los desplazamientos son los problemas agrarios o por límites de tierra; conflictos políticos electorales entre cabeceras municipales o sus agencias; desacatos a decisiones de asambleas; fenómenos naturales y altercados entre agencias y cabeceras municipales.
