Es «tradicional» que un político «brinque» del Senado de la República a una candidatura, generalmente, a gobernador, como si se tratase de un protocolo establecido de un sistema imaginario de «rangos», como en la milicia.
Pero es absurdo, inservible, decrépito pensar que un senador merece una candidatura a gobernador nomás por ser senador.
Hay muchos funcionarios de gobiernos estatales o de la Ciudad de México y el federal que podrían aspirar, con mayores méritos que un senador o diputado improductivo, a ser gobernadores, o presidentes del país, incluso.
Es obvio que se considera a un senador por su mayor grado de popularidad, gracias a la difusión de su imagen en medios y el supuesto (aunque irreal, en muchos casos) de sus constantes viajes a su entidad y distrito para recoger el sentir del Pueblo y representarlo.
Pero ahí está la paradoja: El Pueblo, de lo que menos sabe, es de leyes y legislación. Y también hay diputados y senadores que no saben nada de leyes y legislación, literalmente, que hasta emplean a asesores expertos (inclusive los hay «sindicalizados» en El Congreso), el Pueblo mucho menos va a saber.
Y, entonces, ¿cómo puede medir el Pueblo los índices de productividad, responsabilidad y honestidad de sus diputados y senadores? No hay manera: El Pueblo se guía solamente –es crudo, pero es cierto, por los niveles de popularidad— inclusive ahora con la Transformación de la Nación.
Es más fácil y práctico que el grueso de la población califique a un funcionario más cercano, con un «lenguaje político» más popular y accesible, como la Obra Pública y cualquier otra manifestación de ADMINISTRACIÓN y función pública.
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Al Pueblo háblenle de escuelas, de educación pública, de parques, deportivos y mercados limpios, sobre carreteras y calles en buen estado, generación de empleo y seguridad, de ADMINISTRACIÓN de los Recursos Públicos.
Si se aspira justamente a ADMINISTRAR, lo más lógico es que se busque y considere a mujeres y hombres buenos, de probada honestidad, eficientes y hasta innovadores administradores.
Pero imaginemos y supongamos con torpeza que, para administrar y liderar un gobierno estatal, se necesita haber sido un buen legislador (en el caso de este cartón, un buen senador), y vayamos analizando, con apego a la verdad y sin juicios mediocres ni porritas mediáticas, a cada uno:
1. Muyladrón Jara:
Ya fue funcionario público en un gobierno estatal, el de Ladino Cué Mañasagudas. La única cosa relevante que consiguió fue ser acusado de literalmente ROBAR parte importante del presupuesto asignado a la secretaría de la que era titular. Devolvió una porción apenas pequeñita del suculento botín, y siguió la fiesta de impunidad hasta llegar a la Senaduría.
Ahora, Muyladrón Jara es acusado (nomás acusado porque ya conocemos a las autoridades INCOMPETENTES, mediocres y corruptas), de recibir «presuntamente» cuotas en efectivo de presidentes municipales cómplices, como garantía a cambio de la promesa de ser acomodados en un probable cargo en el gabinete estatal.
Las cuotas van desde los 250 y hasta los 750 mil pesos mensuales (como es el «presunto» caso del generoso alcalde de Juchitanópolis, Emilio Mentiras).
Además, «presuntamente», recibe entre 800 mil y 1 millón de pesos mensuales de cuotas de mototaxistas, conductores de motocarros y otros transportistas irregulares, que FUCO (Frente Unidos Contra Oaxacalifornia) estaría, «presuntamente», recolectando y administrando.
A lo anterior, agreguemos que Muyladrón Jara se ha limitado a reunir firmas para consultas cuando no le compete, se cuelga totalmente de la imagen y los logros de AMLO y la 4T, usa ILEGALMENTE recursos, imagen y eslóganes de programas sociales para publicitar su nombre y su fotografía, mientras su «trabajo» legislativo es prácticamente inexistente o, en sus intentos minusválidos, ha resultado un fracaso.
En algunas de las visitas en campaña ilegal y anticipada del senador a las comunidades, el Pueblo le ha reclamado su falta de atención y representación. El Pueblo lo han acusado de IGNORAR sus peticiones de intervención y solicitudes de legislación.
2. Susana Harpa:
Al menos tres intervenciones trascendentes: Ley de Derechos de Autor, Ley de Salvaguardia y el reconocimiento de los pueblos afromexicanos. En Oaxacalifornia, las tres son importantísimas, esenciales. Eran parte de décadas de reclamos y hoy son una realidad.
La senadora Harpa, además, fue comisionada para atender asuntos de la pandemia por Covid en la entidad. Ha sido totalmente respetuosa de las leyes y reglamentos electorales, NO HA EMPRENDIDO CAMPAÑAS ILEGALES CON RECURSOS DE DUDOSA PROCEDENCIA, y se ha atenido a lo que sus obligaciones y responsabilidades le competen como senadora.
3. Raúl Robaaños Cachito:
… Pueees, ¿cómo explicarlo? Se preocupó más por buscar la presidencia del Senado que por legislar y representar a su Pueblo.
