Un buen golpe se llevó el gobierno mexicano de la 4T y el de su antecesor. En octubre de 2020, en plena pandemia, fue detenido en Los Ángeles, Estados Unidos, el secretario de la Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto de 2012 al 2018, Salvador Cienfuegos.
Se le imputaban tres cargos de narcotráfico y uno de lavado de dinero. La captura fue a petición de la DEA. Esa acción cimbró al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien instruyó a Marcelo Ebrard para que defendiera y buscara la repatriación del general.
Cuando López Obrador era candidato desde el 2012 se desgañitaba en decir que los militares regresarían a los cuarteles que abandonaron en el 2006 con la guerra de Felipe Calderón. Pero cuando el tabasqueño se instaló en Palacio Nacional se olvidó de la promesa y, por el contrario, ha militarizado al país.
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Así sucedió con la creación de la Guardia Nacional en 2019, que está al mando de un militar en retiro. Les dio la tarea de ser constructores y empresarios. Si Calderón buscó legitimarse con su guerra contra el narco y se puso un disfraz castrense, López se escondió detrás y los complació para tener su apoyo incondicional. Se puso una camisa de fuerza y se sometió. Eso lo llevó a recibir presión para defender a Salvador Cienfuegos.
El 18 de noviembre de 2020 regresó el general Cienfuegos Zepeda. Se retiró de las oficinas de la FGR en el hangar de Toluca, terminándose así las diligencias ministeriales correspondientes. La encomienda de López Obrador a Ebrard, la presión de la cúpula militar dio resultado. Así se cerró un capítulo más en la exoneración de los cercanos de Enrique Peña Nieto.
El nombre de este general vuelve a ponerse en la palestra junto con el de Jesús Murillo Karam, por los nuevos resultados que ha entregado el grupo de expertos sobre la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero.
El presidente ha convertido su discurso en predecible, lleno de frases hechas como aquella de “la mafia del poder”. Sin querer, o con conocimiento de causa, el Pejelagarto se ha transformado en protector de ellos, de esos que señala como causantes de todos los males del país y de la corrupción, y es muy probable que tenga razón.
Pero hoy, con su falta de resultados, se convierte en cómplice junto con sus funcionarios como Alejandro Encinas, al no empujar para que se llegue a la verdad de uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del país.
Se habla de la posibilidad de que se llame a declarar a Enrique Peña Nieto, pues, como lo dice el mismo López, es imposible que un presidente no este enterado de un acontecimiento tan importante y que terminó por marcar al “peñismo”.
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Los otros que podrían aportar y mucho, son, por un lado, Salvador Cienfuegos, quien seguramente tiene información privilegiada simplemente por haber sido titular de Sedena, pero parece que conviene que siga resguardada. Por el otro, Miguel Ángel Osorio Chong, quien fuera secretario de Gobernación. Sin ellos la historia no estará completa.
López Obrador prometió en campaña llegar a la verdad de este asunto, pero hasta el momento no hay un solo indicio que conduzca a ello. Debido a esto, padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014 se dijeron enojados y decepcionados de tanta mentira por parte del gobierno federal y afirmaron que en este país la justicia se vende.
Por lo pronto, la investigación va en los tiempos de la 4T y quienes prometieron resolver el caso, el tiempo se les termina, aunque López ya decidió y es continuar con el pacto de impunidad y los secretos… pero mejor ahí la dejamos.
Entre Palabras
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