La verdad es sospechosa. Las investigaciones de los crímenes de alto impacto suelen complicarse porque las expectativas sociales pocas veces coinciden con lo que concluyen las fiscalías. El caso de Ociel Baena, magistrade del Tribunal Electoral en Aguascalientes y de Dorian Daniel Nieves, su pareja sentimental, no será la excepción.
Baena tenía una presencia permanente en las redes sociales y era un activista de la causa por los derechos de la comunidad LGTBI. Esto generó que recibiera amenazas y requiriera de escolta, la que le proporcionó el gobierno estatal.
Meses antes, en julio, Ulises Nava, otro activista, fue asesinado al salir de las instalaciones del museo Descubre, donde se realizaba el Primer Congreso Nacional de Litigio Estratégico en Defensa de la cuota Arcoíris en México.
Baena en su momento señaló que los integrantes de la comunidad LGTBTI “están expuestos a condiciones de desigualdad producidas por discursos de odio y discriminación que acaban en hechos trágicos”, como el que llevó al asesinato de Nava.
Esto es, no se puede obviar el contexto en que ocurrió la muerte de Baena, aunque hay que ser precavidos respecto a las conclusiones de que de ello se puedan derivar.
La respuesta de diversos grupos luego de su fallecimiento, muestran el grado de empatía que Baena generaba y colocan a la necesidad de procurar justicia como un tema prioritario.
Por otro lado, las expresiones de odio en redes sociales dan cuenta también de un ambiente en franca pudrición. Es lamentable el constatar el grado de ignorancia y sevicia que puede activarse.
Las características del crimen y su violencia obligan a un trabajo serio, que no descarte hipótesis alguna y que, en la medida de lo posible, aclare cada una de las dudas que al respecto tengan familiares, amigos y organizaciones de la sociedad civil.
Por lo pronto, de los estudios forenses, las evidencias en la escena del crimen y el trabajo de campo de policías y fiscales se desprende que Baena murió a consecuencia de heridas producidas por navaja, y que el responsable es Dorian Daniel Nieves, quien posteriormente se quitó la vida.
Esta línea de investigación se fortalece porque no hay pruebas de que otra persona hubiera estado en la residencia esa noche y por el tipo de heridas en los cuerpos.
El fiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa, tomó la decisión de informar rápido y con amplitud, aunque acotado por las restricciones propias de una indagatoria de estas características.
Salió al paso de especulaciones, atajó la construcción de narrativas descabelladas, pero abrió un flanco por el que puede ser criticado y va a ser medido.
Por lo delicado del caso, es probable que Figueroa tenga ya la certeza de lo ocurrido, pero por su experiencia sabe que eso nunca es suficiente para detener la indignación y atenuar las exigencias de comunidades por demás agraviadas.
Tiene todavía la tarea, que será extenuante, de convencer. Esto nunca es sencillo, sobre todo porque cualquier crimen violento suele estar rodeado de cuestiones extrañas e interpretaciones diversas.
Muestra de ello es que la hipótesis de la autoridad de inmediato resultó descalificada por los familiares de las víctimas, quienes exigen, y no sin razón, que se profundice lo que sean necesario y que no se dé carpetazo al asunto.
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Ellos no creen que una pareja, que consideraban feliz, haya escalado a una barbarie semejante, de golpes y navajas en la noche de Aguascalientes.
Se suman voces para que la investigación sea atraída por la FGR, una petición que no tiene asidero y que, en caso de ocurrir, tampoco sería de una diferencia notable.
