Jesús Murillo Karam lleva 16 meses en prisión preventiva. Tiene la edad (75 años) para llevar el proceso en su casa, pero un juez determinó, a partir de los alegatos de la FGR, que hay riesgo de fuga.
El ex gobernador de Hidalgo está enfermo, padece diabetes, presión alta y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
Es una crueldad no permitirle acceder a otras medidas de arraigo, y además innecesaria, porque quien fue procurador General de la República no está en condiciones de huir, por motivos de salud y porque siempre ha dicho que es inocente y que buscará probarlo.
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Es más, el día en que lo detuvieron, señaló que lo que estaba ocurriendo tenía una motivación estrictamente política.
Así es, Murillo Karam se convirtió en un chivo expiatorio, en el único alto mando del sexenio pasado que se encuentra privado de su libertad.
Las acusaciones en su contra son inverosímiles, porque se le quiere culpar de las desapariciones forzadas de los jóvenes normalistas, por omisión, porque no hizo nada para impedirlas, aunque él se hizo cargo del asunto hasta los primeros días de octubre.
También es señalado por tortura, una acusación todavía más oscura, centrada en la incomprensión sobre los trabajos que se hicieron los primeros días, las primeras semanas, justamente para tratar de encontrar a los estudiantes con vida y para tener una idea aproximada de lo que había ocurrido.
La FGR lo quiere en prisión, porque Murillo Karam fue el que reveló, a partir de la sólida integración de los primeros expedientes por parte de la Fiscalía Estatal de Guerrero, lo que hasta ahora es el núcleo central de la indagatoria: los estudiantes fueron detenidos por policías municipales de Iguala, entregados a sicarios de los Guerreros Unidos, quienes los mataron y se deshicieron de sus cuerpos.
Un asunto paradójico, porque los encargados de la investigación en la actualidad sostienen lo mismo y porque el propio presidente López Obrador lo afirma, en términos generales, en su libro “Gracias”, donde sostiene que se trató de un caso de dimensión local, en el que no hay involucrados altos mandos del Ejército y mucho menos el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto.
“Considero que la desaparición y el crimen de Iguala no fue ordenado por el presidente ni por el secretario de la Defensa ni por ninguna autoridad federal de alto rango, sino que esta tragedia criminal e injustificable es producto fundamental de la asociación delictuosa entre autoridades locales y la delincuencia de la región”, escribe López Obrador.
Murillo Karam, el procurador general de la República encargado de indagar lo que ocurrió la noche de Iguala, el 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecieron, ve pasar el tiempo en un cuarto de dos por tres metros en el penal de Tepepan, en la Ciudad de México.
Hace unos días, Gabriela Murillo, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, se quejó de las dos varas con las que se actúa en términos de justicia.
Emilio Lozoya, el ex director de Pemex, quien confesó que cometió delitos está en libertad, aunque sujeto a proceso, y, en cambio, Murillo Karam, su padre, sigue recluido, en una situación en la que “lo están matando”.
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Un llamado de auxilio, en efecto, pero al mismo tiempo la visualización de una injusticia, de un mecanismo que se echó a andar para castigar a los que investigaron, mientras alcanzaron su libertad los que delinquieron.
Murillo Karam no requiere de tratos especiales, ni los está pidiendo. Sus familiares, lo que exigen, es que se aplique la ley, que no se ceben con él y pueda concluir el juicio que está entablado en su contra, en su casa.
La imagen es perturbadora, una indagatoria que ya se hizo pedazos, pero que tiene como rehén a un hombre viejo y que, a diferencia de otros, no cayó en el engaño de acusar en falso para salvar su pellejo.
Publicado en Emeequis el 27 de febrero de 2024,
