Los criminales acechan al poder político. Están cambiando sus expectativas. Iniciaron con presiones para colocar funcionarios en las áreas de seguridad y de obras, como en municipios de Morelos o Michoacán, pero los ataques contra candidatos y sus equipos han aumentado, lo que es una muestra de que se están moviendo las cosas.
El crimen organizado demuestra buena inteligencia y planeación en las intervenciones que realiza, como el secuestro de operadores electorales.
En 2021, el Tribunal Electoral le ordenó al INE, entre otras disposiciones para contener los riesgos de la violencia, elaborar un mapa de riesgos.
El estudio se realizó bajo la conducción de Eduardo Guerrero y su empresa de consultoría Lantia. Es un trabajo de gran utilidad, ya que se estableció un modelo predictivo y se mapearon los riesgos en cada uno de los 300 distritos electorales.
Se distinguió entre riesgos durante las campañas y los del día mismo de las votaciones. Dos aristas que pueden converger, pero no siempre.
Al INE se le entregaron 470 observaciones, estadísticas referenciales. El modelo, hay que señalarlo, obtuvo una capacidad predictiva de 93.7%.
Por desgracia, el esfuerzo no ha contado con continuidad, que sería de alto valor para el 2024, porque en el INE no han considerado que el proyecto se mantenga activo. Ojalá próximamente corrijan esta situación.
El doctor Guerreo hizo una exposición en un seminario organizado por el Tribunal Electoral para analizar justamente el tema de las intromisiones de los criminales en las elecciones.
Hay hallazgos interesantes. De junio de 2020 a junio de 2021 se registraron 322 eventos de violencia política, con un alcance de 387 víctimas y de ellas 149 letales. Tres entidades fueron las más afectadas, Veracruz, Puebla y Estado de México. Entre ellas suman el 44 % de los incidentes.
Los dos partidos con mayor cantidad de víctimas fueron Morena y el PRI. La mayoría de los problemas se suscitó en la disputa por las alcaldías.
Los tipos de violencia político electoral son, en el 43 % de los casos ejecuciones, 31 % ataques, 18 % amenazas y 7 % secuestros.
Sería provechoso que los mapas de riesgo se hagan públicos, porque solo en esa medida la ciudadanía puede colaborar para desterrar las conductas delictivas y amenazantes.
La violencia estará presente el próximo año. Esto es inevitable, ya que existen circunstancia que alientan a los bandidos para tratar de apropiarse del poder en algunos municipios.
Pero no es una fatalidad incorregible y hay que actuar al respecto. El diputado Rubén Moreira, participante en el seminario del TEPJF, reiteró su llamado para que se firme un gran acuerdo contra la violencia e insistió en que se cumpla, en su integridad, la sentencia que obliga a la autoridad electoral a tomar medidas específicas como convenios de colaboración con autoridades, filtro de investigación para atajar candidaturas, protocolo de las autoridades ante factores de riesgo, además de foros y consultas para sensibilizar a la ciudadanía y entender mejor el problema.
El coordinador de los priistas en San Lázaro recordó que en 2021 no hubo forma de que abogados y notarios en Sinaloa colaboraran con las denuncias sobre el secuestro de militantes. Es más, el comité local del partido desconoció los esfuerzos de la dirigencia nacional y terminaron por sumarse al gobierno de Morena. Toda una ilustración de cómo derivan las acciones de violencia.
Sandra Ley, de México Evalúa, recordó que el crimen organizado es un actor político, ya que requiere de apoyos de Estado para poder funcionar. Puntualizó que los problemas no son nuevos y que inclusive hay que tomar como referencia la elección en Michoacán de 2011.
Mientras que Joy Kathryn Langston pidió no perder de vista la violencia que también se desata entre aspirantes, entre candidaturas rivales. Advirtió que uno de los combustibles para que esto ocurra es la enorme impunidad que prevalece.
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En el Tribunal Electoral están conscientes de la realidad sociopolítica que impera, así lo ha dicho su presidente Reyes Rodríguez Mondragón.
Algo es evidente, se agota el tiempo y hay que pasar de los diagnósticos a los hechos, a medidas concretas que contrarresten a los criminales, en el entendido de que todas las fuerzas políticas deberían trabajar en conjunto. Más allá de colores, el riesgo es frontal contra la democracia misma y así hay que asumirlo.
