Una de las decisiones más relevantes e inteligentes del gobierno de Carlos Salinas fue la de decretar un cese unilateral al fuego en Chiapas. Durante días, al arranque de 1994, en el gabinete de seguridad nacional se dio un duro debate. ¿Qué hacer con los rebeldes que habían declarado la guerra al estado mexicano?
Los militares, y en particular el general Arturo Riviello, secretario de la Defensa, mostraba que existía la capacidad para terminar con el problema desde una óptica de fuerza. Desde meses antes del alzamiento, tropas y suministros fueron trasladados a la región “en previsión de operaciones en contra del movimiento que se estaba gestando, detectado y ubicado con toda anticipación, y el cual finamente estalló el 1 de enero de 1994”, escribió Riviello en “Legal, legitima, necesaria. Chiapas”, un texto en el que se explica muy detalladamente el papel de las fuerzas armadas.
Fue el propio secretario de la Defensa, quien a las tres de la mañana del 1 de enero de 1994 se comunicó con el presidente Salinas y le informó que un grupo armado había ocupado la ciudad de San Cristóbal de las Casas.
En los 12 días de operaciones el Ejército lamentó la muerte de 15 de sus integrantes y por parte del EZLN, 71 fallecidos y fueron detenidos 200 integrantes de esa organización.
Murieron también 24 policías y 13 civiles.
Se sabía de episodios extraños en Las Cañadas, y algunos reportes del CISEN consignaban la movilización de militantes, palabra que impidió medir con claridad lo que estaba por ocurrir.
Aun antes, la secretaría de Desarrollo Social dispersó recursos, para tratar de impedir lo que ya se iba discutiendo en las organizaciones campesinas, entre ellas la ARIC. Es decir, se tenía conocimiento de grupos, entre ellos las comunidades eclesiales de base, ya hablaban de una vía violenta para terminar con la perpetua situación de agobio en la que vivían y viven, los indígenas.
El trabajo político, durante décadas, muchas veces ligado al maoísmo y al Frente de Liberación Nacional, había rendido frutos y esto lo sabían el comandante German y el subcomandante Marcos.
Nadie dudaba que el Estado contaba con la legitimidad para protegerse, e inclusive algunas voces de la izquierda pedían al presidente de la República, que terminara con el EZLN, agrupación a la que veían con desconfianza.
Los amagos más grandes, provinieron de la propia nomenklatura, ya que “quienes desde el gobierno habían combatido a la guerrilla en los años setenta presionaban para repetir la estrategia empleada en aquellos tiempos: “aniquilarlos y desaparecerlos”. Varios fueron los conductos y los medios por los que me hicieron llegar sus presiones”, recordaría el propio Salinas en “México, un paso difícil a la modernidad”.
En realidad, se estaba gestado un ambiente para proceder al aniquilamiento total del EZLN. Inclusive, gobernadores alineados a los sectores más duros del sistema, ofrecían “a las personas capacitadas” para enfrentar la situación.
La salida negociada al conflicto fue posible, porque el presidente Salinas no se dejó intimidar, siempre contó con la lealtad del general Riviello, y porque existía una preocupación real por la protección de los derechos humanos y lo último que se quería era desatar una espiral de represión.
Se impuso la valoración presidencial con el respaldo del procurador Jorge Carpizo y del secretario de Relaciones Exteriores, Manuel Camacho.
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El presidente Salinas cambió al gabinete, nombró a Carpizo como secretario de Gobernación y envió a Camacho como comisionado de paz y responsable de abrir una ruta de negociación con los zapatistas y su líder, el subcomandante Marcos, lo que se hizo con la participación del obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz García.
Tres décadas después, sería injusto regatear una resolución que evitó un derramamiento de sangre. Se dice fácil, pero en aquellos días México vivió en la cuerda floja y acechados por los fantasmas de todo su pasado.
