Desde esta semana, en la Suprema Corte iniciará en proceso de designación de quien habrá de presidirla en los próximos cuatro años.
Los ministros y ministras interesados, tienen que presentar su proyecto para que lo conozcan sus colegas y lo evalúen los grupos interesados en el tema.
Quienes al parecer buscarán el apoyo serán Norma Piña, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquivel, Javier Laynez y Alberto Pérez Dayán.
La decisión es solo cuestión del Pleno, pero las observaciones, comentarios y posicionamientos, pueden incidir para nombrar criterios y conformar los votos que se requieren en la designación.
En 2018, el Pleno se decantó por Arturo Zaldívar, quien, con inteligencia, supo venderles a sus pares que solo él tenía los puentes necesarios para tratar con el presidente de la República y que con ello se protegería al Poder Judicial.
En lo primero, su cercanía con el nuevo mandatario tenía y tuvo, toda la razón, en lo segundo se requerirán de análisis y estudios para evaluar una etapa en la que los jueces han estado bajo presiones contantes de Palacio Nacional.
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Al ministro Luis María Aguilar le tocó presidir, solo por algunas semanas, las de diciembre del año electoral, y sospecho que acumuló evidencias y experiencias sobre lo que estaba por desatarse, aunque, como en tantas cosas relacionadas con la 4T, nadie podía tener previsiones adecuadas, porque las lógicas del comportamiento entre poderes, cambió y de modo importante.
Pero los integrantes de la Suprema Corte, a estas alturas, ya deben tener una idea clara y hasta precisa de lo que les tocó vivir en estos años y de cómo quieren hacerlo en los próximos años, o cuando menos en los dos siguientes.
La disyuntiva es clara, aunque tenga matices, continuidad o una suerte de recomposición a nivel de equilibrios internos y externos.
Si bien, el presidente de la Corte es uno entre pares, su posición sí incide en diversos aspectos, sobre todo en el ámbito administrativo y en lo que tiene que ver con el Consejo de la Judicatura Federal.
Por lo pronto, en los próximos meses se tienen que discutir diversas controversias y acciones de inconstitucionalidad que tienen que ver con el sentido mismo de la 4T.
Tan solo el tema militar es explosivo, por todo lo que implicarán las determinaciones de la Corte en su momento. Un ejemplo es el mando y la adscripción de la Guardia Nacional. La Constitución es clara en que el jefe y el carácter de la corporación es civil, pero se aprobó una ley secundaria de dice lo contrario y que inclusive permite el traslado de los integrantes de ese órgano policial a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Más allá del nombramiento, es de esperar que el ministro o la ministra que presida la Suprema Corte, honre lo más importante, su deber de proteger la Constitución. Para eso les otorgan la toga y el poder que ello conlleva.
Después de todo, como Tribunal Constitucional, son la última barrera de defensa de la democracia misma, ni más ni menos.
