La Guardia Nacional, de prosperar la iniciativa del presidente López Obrador, quedará adscrita de modo definitivo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En realidad, siempre lo estuvo, porque lo de su carácter civil solo existe (y existió) en el papel, aunque éste sea la Constitución misma.
A unos meses de que termine el actual gobierno, el diagnóstico, que se revela en la exposición de motivos para las reformas constitucionales respectivas es escalofriante, ya que se admite que el proceso de apertura de los mercados a nivel mundial, así como la movilidad de las personas tuvieron un efecto en la diversificación del crimen organizado, un tema, por cierto, que el CISEN ya había detectado desde 2008, al menos.
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Se añade que las dimensiones del problema son regionales y globales, el flujo de armas desde Estados Unidos no se detuvo, la capacidad logística y económica del crimen organizado son “una amenaza latente para la paz, la seguridad y el desarrollo de las comunidades y la gobernabilidad democrática en amplias zonas del territorio nacional”.
Y, donde los bandidos operan “un reclutamiento, capacitación y equipos propios de las fuerzas armadas.”
Visto así, solo quedan los soldados para tratar de resistir en lo que cambian, si es que lo hacen, las condiciones que generan el crimen, con el agravante de que la aspiración por la construcción de una policía civil ya ni siquiera existe.
En los hechos, la iniciativa es el reconocimiento de un fracaso, que en el equipo de López Obrador atribuyen al pasado, pero del que ellos mismos ya no se pueden escabullir, aunque presenten encuestas de percepción y no admitan que es, desde diciembre de 2018, el periodo más violento de la historia.
Por desgracia, me temo que la visión militarista de la actual administración terminará por imperar, más allá de la oposición genuina que trate de impedirlo, por una cuestión de principio de realidad, ya que no hay forma de deshacer el enredo que ya se generó y el tiempo que se ha desperdiciado desde la destrucción de la Policía Federal.
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La Guardia Nacional está integrada por 118 mil efectivos, en su mayoría provenientes del Ejército y la Marina y en menor medida de viejos cuadros de la PF que serán despedidos en el momento en que entre en vigor la iniciativa, si es que se aprueba.
Los elementos de la Guardia Nacional nunca han querido pertenecer a la Secretaría de Seguridad Pública, porque temen que, con el paso de los años, las prestaciones con que cuentan como soldados se vayan diluyendo.
Tienen razón, porque, entre otras cosas, los servicios de salud, a los que tienen derecho como militares, sí funcionan, y lo hacen porque es algo que la 4T dejó como estaba desde hace años y por ello no se descompuso.
Para que no queden dudas de lo que se pretende, la persona que sea titular del mando de la Guardia Nacional debe tener el rango de general de división, y como todavía no hay ningún elemento formado en seguridad pública, tendrá que ser proveniente de modo directo del Ejército.
En los hechos, la Guardia Nacional formará parte de la Fuerza Armada Permanente, junto a la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército.
Como saben que esto contraviene ordenamientos inclusive de carácter internacional, y una sentencia de la CIDH, idearon una argumentación, que tiene su ingenio algo cínico, al sostener que la Guardia Nacional es constituida por disciplina militar y acción policial.
Entre las diversas disposiciones, se cuela una que afectará inclusive al sistema de justicia, como ya advirtieron en México Unido contra la Delincuencia, y es la que otorga capacidad de investigación a los elementos de la Guardia Nacional. Esto es, los militares van a indagar a los civiles.
Todo un perlario de despropósitos, que será muy complejo de desmontar.
Publicado en Emeequis el 9 de febrero de 2024
