Uno de los rasgos del deterioro institucional en el que nos encontramos, es que se han perdido los límites. A estas alturas nadie sabe hasta dónde puede ser tolerada la mala conducta de un servidor público.
Durante el largo periodo de la hegemonía priista, los funcionarios tenían un amplio espacio para ocuparse de sus asuntos personales, intereses diversos y hasta corruptelas. El límite lo ponía el conocimiento mismo de la sociedad, si se pasaba una línea, venían las sanciones, que en general consistían en la renuncia por motivos de salud o personales.
Quizá una de las excepciones, aunque años después terminaría en la cárcel, fue Arturo Durazo Moreno, el jefe de la policía en la Ciudad de México, durante el sexenio del presidente de la República, José López Portillo.
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Durazo era un verdadero ladrón, que construyó toda una red de sobornos y corrupción, donde el trabajo de los policías consistía en extorsionar para poder cumplir con las cuotas que les imponían los jefes, quienes a su vez reportaban con el propio titular de la Dirección General de Policía y Tránsito.
López Portillo lo mantuvo en el cargo a pesar de los escándalos. Pagaron el precio ambos.
El programa de renovación moral de la sociedad que implementó el presidente Miguel de la Madrid tuvo que ver mucho con los estragos dejados por Durazo, los que además se tradujeron en penetración corrupta de las áreas policiales, por medio de La Hermandad, que han sido muy difíciles de desmontar.
En estos momentos la Fiscalía General de la República atraviesa por una crisis en buena medida generada por su titular, Alejandro Gertz Manero, quien ha sido sorprendido en la utilización de su enorme poder para tratar de influir en asuntos personales.
En otro momento ya no estaría en el cargo, pero ahora las fronteras sobre hasta dónde se puede llegar en esa línea difusa entre lo legal y lo antiético, aún no están definidas, porque la permisividad se ha ido ampliando.
Es el presidente de la República quien sostiene al fiscal, esa es su fuerza, pero también la debilidad para una institución que en teoría goza de autonomía constitucional.
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Gertz Manero se mantendrá en el cargo mientras el titular del Poder Ejecutivo lo quiera así y más allá de los propios candados que impone la ley.
El daño para la FGR será poderoso y difícil de reparar, porque lo que está vulnerada es la autonomía misma de la institución. Todo se está pudriendo y ahí está el riesgo mayor, porque ese tipo de proceso puede desarrollarse por muchos años.
