Solo motivos electorales pueden animar a una aventura como la que está iniciado la FGR. Sostener que hay un segundo tirador en el caso de Luis Donaldo Colosio es meterse en un fango en que no hay modo de no mancharse.
Involucrar a José Antonio Sánchez Ortega, entonces agente del CISEN, no es novedoso, como sí lo es querer implicar a Genero García Luna en lo que sería un complot para matar al candidato presidencial del PRI.
Sánchez Ortega, en efecto, estuvo en Lomas Taurinas en el momento en que Mario Aburto le disparó en dos ocasiones a Colosio con una pistola Taurus la tarde del 23 de marzo de 1994.
El elemento de inteligencia fue detenido por agentes municipales de Tijuana, porque era parecido con Aburto, su chamarra tenía manchas de sangre y luego resultó positivo en la prueba de Harrison, de ahí que se intuyera que pudo haber disparado.
Sánchez Ortega estuvo cerca del cuerpo de Colosio cuando lo cambiaron a una camioneta Blazer y quizá provino la mancha hemática de esos momentos, pero las investigaciones, los análisis periciales de los videos de CEPROPIE y de CNN, mostraron que no se encontraba en el área donde se realizó el ataque.
Sobre el parecido con Aburto, la PGR realizó un estudio de sobreposición de imágenes cara a cara y se encontró que 13 particularidades los hacían diferentes.
Se efectúo también un análisis de imágenes que reveló que en cuanto a vestimenta, Aburto y Ortega Sánchez portaban con colores contrastantes, el primero una chamarra negra y el segundo una blanca.
Hay un detalle relevante. Aburto llevaba un anillo metálico que en las imágenes se capta 1.34 segundos antes del primer balazo, como se estableció en un dictamen del 5 de marzo de 1997 y que está referido en el “Tomo II, el crimen y sus circunstancias” que la PGR publicó cuando el expediente se envió a la reserva. Ortega, como también lo determinaron los videos y fotografías, no tenía anillo alguno.
Estos estudios fueron suficientes en la exculpación de Ortega Sánchez, porque muestran que ni armado pudo ser el autor de un segundo disparo contra Colosio, por la sencilla razón de que no se localizaba a una distancia factible, más allá de que no se encontró otra arma de fuego en la escena del crimen.
Respecto a la prueba positiva de Harrison, los investigadores de la PGR concluyeron que no era suficiente para probar que Ortega Sánchez accionó un arma, porque no se aplicaron otras técnicas, como la espectrofotometría de absorción atómica y el análisis de activación de neutrones.
Es decir, nunca existieron evidencias que establecieran la participación del agente del CISEN, aunque en su momento, como ahora, generó un enorme barullo la sola posibilidad de que así hubiera sido, por las evidentes consecuencias que ello arrojaría.
La implicación de Genaro García Luna sí es un asunto para destacar, porque en 30 años nadie se había referido a él. La acusación que ahora hace la FGR resulta muy conveniente al relato que se alienta, día con día, desde Palacio Nacional.
García Luna fue reclutado para entrar al área de inteligencia desde que era estudiante de ingeniería, iniciando como analista, para después participar en actividades relacionadas con la vigilancia al EZLN y a otros grupos guerrilleros.
¿Por qué lo mandarían a rescatar a Ortega Sánchez? ¿Si realizó diligencias en favor de su colega, cómo es que estas nunca quedaron asentadas en documento alguno?
Misterios que en todo caso tendrán que aclarar los colaboradores de Alejandro Gertz y desmontar, por cierto, una de las indagatorias más exhaustivas de la historia reciente, en la que se designó fiscal a Luis Raúl González Pérez, para corregir el daño que causaron barbaridades como la detención de Othón Cortés como segundo tirador, un asunto bochornoso para la procuración de justicia.
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Lo más probable, sin embargo, es que las acusaciones que hace la FGR no tengan futuro alguno en el ámbito legal, aunque sí pueden rendir algún fruto en términos electorales, en función de a quiénes se involucre.
Pero es una apuesta riesgosa, como toda historia que raya en lo inverosímil.
