Todos los mexicanos, por mandato constitucional, estamos obligados a contribuir al gasto público, lo cual hacemos mediante el pago de impuestos y otras contribuciones.
Esto puede realizarse de manera directa, como el Impuesto Sobre la Renta (ISR), o indirectamente, en los productos o servicios que consumimos a través del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
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Aunque este hecho es de conocimiento general, no es así con los derechos que también tenemos como contribuyentes, por lo que es importante que se conozcan para prevenir cualquier abuso de autoridad.
Como primera línea de protección para garantizar la justicia en materia fiscal, tenemos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los principios tributarios (Artículo 31, fracción IV), en donde se establece que las contribuciones tienen que ser proporcionales, es decir, acordes a la capacidad contributiva de las personas; equitativas, implica que quienes se encuentren en las mismas circunstancias ante la norma tributaria tienen que ser tratados igual; y, todas las contribuciones tienen que estar establecidas en la ley (principio de legalidad).
Además de lo anterior, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente reconoce una serie de derechos y garantías básicas que protegen a los contribuyentes frente a las autoridades fiscales.
Entre ellos se encuentran los siguientes:
- A ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como de su contenido y alcance.
- A obtener las devoluciones de impuestos que procedan conforme a las normas.
- A obtener certificación y copia de las declaraciones presentadas.
- A ser tratado con el debido respeto y consideración por los servidores públicos de la administración tributaria.
- A no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal actuante.
- Al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes que conozcan los servidores públicos de la administración tributaria.
- A conocer la identidad de las autoridades fiscales bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos en los que tengan condición de interesados, así como el estado de tramitación.
- A que las actuaciones de las autoridades fiscales que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que les resulte menos costosa.
- A formular argumentos, presentar y ofrecer pruebas que serán tomadas en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución administrativa.
- Cuando las autoridades ejerzan sus facultades de comprobación del cumplimiento de las normas fiscales, las personas contribuyentes tienen el derecho de ser informados sobre sus derechos y obligaciones, a que el procedimiento se desarrolle en los plazos previstos en las leyes y a corregir su situación fiscal.
- Además, tendrán a su alcance los recursos y medios de defensa que procedan contra los actos dictados por las autoridades fiscales, y en la notificación se debe indicar el recurso o medio de defensa procedente, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse.
Si consideras que alguno de estos derechos te ha sido vulnerado por alguna autoridad fiscal, puedes acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON).
Este organismo cuenta con delegaciones en todo el país, ofrece asesoría, representación y defensa, recepción de quejas y otros servicios relacionados con la materia fiscal en el orden federal.
En el siguiente artículo abordaré más a fondo en qué consiste la PRODECON y cómo puede ayudarte.
