Se le suelen achacar a Benito Juárez y a sus colegas de batallas reformistas, muchas de las ideas más disparatadas de la 4T. Es el caso de la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia por voto popular.
En realidad, nunca ocurrió así y más bien se estableció, en la Constitución de 1857, un método indirecto en la designación.
En el artículo 92 se consignaba: “cada uno de los individuos de la SCJN durará en su encargo seis años, y la elección será indirecta en primer grado”.
La ley respectiva especificaba la participación de electores, que eran los que al final votaban los nombramientos de los ministros. Es decir, no existía una contienda abierta y se respondía a toda clase de intereses de gobernadores y jefes políticos.
Supongo que el objetivo no es volver al sistema electoral del Siglo XIX, porque eso sí significaría un viaje en el tiempo de consecuencias incalculables.
El sistema actual, en el que el presidente de la República manda una terna al Senado para que de ella se designe al ministro respectivo, es lo que dotó a la SCJN de independencia, la que se muestra, por cierto, en su deliberaciones y trabajo cotidiano.
Tiene sus candados y obliga al acuerdo, porque un rechazo recurrente de las ternas propicia que la elección de haga de modo directo desde Palacio Nacional.
Entre las críticas sensatas al modelo, porque también las hay, se encuentra la de señalar que es presidencialista. Algo hay de eso, pero si se hace un análisis del papel de la SCJN desde 1994 a la fecha, se puede establecer se transitó por la senda correcta.
En general, los ministros y ministras, en las tres décadas trascurridas, han tenido un papel decoroso, sin grandes escándalos.
Esto se prueba en las múltiples resoluciones y sentencias que han significado una mejoría en la vida pública, pero sobre todo en la protección de las minorías y en lo que ello implica en la construcción de una sociedad de derechos.
Por su misma condición de árbitros de litigios, lo que se decide en la SCJN con frecuencia es controversial, pero al mismo tiempo se mantiene en estándares que dotan de calidad al debate público y que proporcionan seguridad jurídica, que es una de las bases de la democracia.
En la composición actual del Pleno de 11 ministros, tres fueron designados por propuesta del actual mandatario.
La experiencia muestra, además, que por regla general quienes llegan al máximo tribunal adoptan las atribuciones que les da la ley para actuar conforme a su criterio y no siempre responden a los intereses de quien los propuso.
Un ejemplo muy claro es Arturo Zaldívar, quien arribó a la SCJN promovido por el expresidente Felipe Calderón y están más que distanciados y en particular por expedientes como los de la Guardería ABC.
Hay casos de subordinación absoluta al Poder Ejecutivo, como los de las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, pero eso es, por fortuna, la excepción.
Es poco factible que prospere la iniciativa de cambiar la forma de designar al Pleno de la SCJN, porque se requerirá de una mayoría que difícilmente alcanzará Morena en las elecciones del 2024.
Es más, ni siquiera es seguro que exista un consenso al respecto en la 4T, aunque ahora por cálculo o temor no lo expresen. En el fondo saben que es partidizar la justicia, porque eso ocurriría, generando más problemas de los que en teoría se buscan resolver y que tienen que ver, de acuerdo con la narrativa oficial, con la supuesta lejanía de los juzgadores respecto al pueblo.
Aunado a ello, hay muchas dudas por resolver y, entre estas, si los integrantes actuales del Pleno se mantendrían, o se iría a una renovación total de la integración. Esto para nada es menor.
Sobre la consulta ciudadana, se suman voces que señalan que no puede aplicarse porque se trataría de un tema electoral, lo que está específicamente prohibido en la Constitución.
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En todo caso, y si llegara a ocurrir, será interesante escuchar a los ministros y ministras sobre un asunto en el que se terminaría con la definitividad de los cargos y con las seguridades laborales que debe tener cualquier juez constitucional.
