Durante años, las cuatro letras de AMLO fueron presentadas como un certificado de honestidad que dividía al país entre un pueblo incorruptible y una “mafia del poder” responsable de todos los males nacionales.
Hoy encabezan un expediente cada vez más voluminoso: hijos, amigos, contratistas, funcionarios y gobernadores cercanos aparecen alrededor de negocios turbios, tráfico de influencias, contrabando de combustibles y organizaciones criminales.
A-M-L-O son ahora las siglas de un cártel político y criminal: una estructura que concentra poder, reparte beneficios, protege lealtades y persigue a quien se atreve a investigarla.
López Obrador sostuvo que “todos los negocios jugosos” llevaban el visto bueno del presidente. Llegó la hora de aplicarle su propia regla. Si ningún gran negocio podía realizarse sin conocimiento presidencial, ¿cómo pretende que creamos que ignoraba lo sucedido alrededor de sus hijos, colaboradores, aduanas y obras prioritarias?
Solo existen tres posibilidades: sabía y fue cómplice; no sabía y fue incapaz de gobernar; o aquella afirmación era una mentira para condenar a otros. Ninguna lo absuelve.
El sexenio que prometió barrer la corrupción “de arriba hacia abajo” terminó con más de 15 mil millones de pesos observados por la Auditoría Superior de la Federación en Segalmex, dirigido por Ignacio Ovalle, antiguo jefe y amigo de AMLO. Birmex acumuló irregularidades por más de mil millones de pesos, mientras la Megafarmacia del Bienestar acabó como monumento a la improvisación.
La Refinería Olmeca, el Tren Maya, el AIFA y el Corredor Interoceánico quedaron marcados por sobrecostos, adjudicaciones cuestionadas y opacidad protegida bajo el argumento de la seguridad nacional. No puede aceptarse que todo haya sido una equivocación mientras los mismos amigos y contratistas reaparecen alrededor del dinero público.
Entre ellos destaca Amílcar Olán, amigo de Andy López Beltrán y cercano a Bobby López Beltrán. Investigaciones periodísticas han documentado empresas de su entorno beneficiadas con contratos millonarios en medicamentos, balasto y sectores estratégicos.
Mexicanos Contra la Corrupción documentó que Portacelis Gas and Oil, constituida por un contador identificado como colaborador de Olán, habría omitido declarar más de 83 millones de litros de diésel y alrededor de 834 millones de pesos en impuestos. La Secretaría de Energía le concedió su permiso de importación tres días antes de que López Obrador dejara la Presidencia. Esa red de favores y negocios no parece accidental.
El propio AMLO reconoció que Bobby fungió como supervisor honorífico del Corredor Interoceánico. Después se difundieron audios en los que Olán afirmaba que había intervenido para facilitar negocios de balasto. El cártel de las cuatro letras colocó al hijo del presidente en un punto estratégico desde el cual sus amigos multiplicaron fortunas a costa del erario.
Andy aparece en otro episodio todavía más grave. En una investigación de la FGR sobre huachicol fiscal, un testigo relató que un operador pretendía presentar ante el entonces secretario de Marina un cargamento detenido como “un tema de Andy”. La declaración retrata el nombre del hijo presidencial como una llave capaz de abrir aduanas, destrabar cargamentos e influir sobre la Marina.
El contraste es brutal. López Obrador proclamó que había eliminado prácticamente el huachicol; hoy sabemos que el delito se sofisticó y penetró puertos y aduanas administrados por las Fuerzas Armadas. Especialistas han estimado pérdidas de hasta 177 mil millones de pesos anuales y la entonces procuradora fiscal habló de 600 mil millones acumulados. Aunque el Gobierno después desconoció esa cifra, la dimensión apunta hacia el mayor saqueo fiscal de la historia nacional.
Otro frente conduce a Tabasco. Hernán Bermúdez Requena, nombrado secretario de Seguridad por Adán Augusto López, está procesado y señalado como presunto dirigente de La Barredora, grupo relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación
Adán sostiene que desconocía las actividades de su jefe policial. La excusa es inaceptable. Si sabía, permitió que una organización criminal operara desde el aparato público; si no sabía, fue incapaz de controlar su gobierno.
En Sinaloa, López Obrador llamó “hermano” a Rubén Rocha Moya y lo defendió reiteradamente. En abril de 2026, fiscales estadounidenses acusaron a Rocha y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de colaborar con Los Chapitos a cambio de respaldo político y sobornos.
Ese vínculo se suma al saludo de AMLO a la madre de El Chapo, la liberación de Ovidio Guzmán durante el Culiacanazo y los “abrazos, no balazos”. No son anécdotas aisladas: forman un patrón de indulgencia frente al poder territorial del narcotráfico.
Estados Unidos también ha cancelado visas a decenas de políticos y funcionarios mexicanos, muchos ligados al movimiento gobernante. El propio Andy confirmó que perdió la suya. No es una casualidad administrativa, sino otra señal del cerco que se estrecha alrededor del obradorismo.
López Obrador prometió acabar con la corrupción, pero terminó encabezando un régimen podrido por ella. Aseguró haber eliminado el huachicol mientras enormes redes de contrabando crecían dentro de las aduanas. Proclamó que ningún negocio escapaba al presidente y ahora exige que aceptemos que todo ocurrió a sus espaldas.
Debe ser sometido al mismo estándar que impuso a los demás.
Si sabía, debe responder. Si no sabía, mintió. Y si utilizó el Estado para proteger a familiares, amigos y colaboradores, la historia lo recordará como el jefe político de un sistema criminal que cambió de siglas y discurso, pero nunca de prácticas.
Columna de opinión: Andy López Beltrán y la herida narcisista
AMLO ya no es solamente el acrónimo de un expresidente. Son las cuatro letras que encabezan el expediente del mayor cártel político de la historia de México.
