Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Biddeford, Maine, terminó con un civil muerto y un agente herido, un hecho que vuelve a colocar bajo escrutinio el uso de la fuerza por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos.
Por otro lado, el gobierno de México anunció acciones legales por la muerte de 17 connacionales presuntamente vinculadas con operativos y centros de detención del ICE.
De acuerdo con las autoridades locales, el intercambio de disparos ocurrió durante una acción de verificación migratoria. El agente lesionado fue trasladado a un hospital con heridas que no ponen en riesgo su vida, mientras que el civil murió en el lugar.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Policía Estatal de Maine asumieron las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos, quién realizó los primeros disparos y si existía una amenaza real contra los agentes.
El caso ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos civiles, que cuestionan el empleo de fuerza letal por parte de una agencia cuya función principal es la aplicación de la legislación migratoria y no las labores policiales convencionales.
🇺🇸 EE.UU. | #ÚltimoMinuto | Una persona murió tras un tiroteo que involucró a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en la ciudad de Biddeford, estado de Maine. pic.twitter.com/NVNuuEgCyj
— Avance Informativo RD (@CANALJPTV1) July 13, 2026
En contraste, sectores conservadores respaldaron la actuación del ICE al sostener que cumple con la aplicación de las leyes migratorias federales.
En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores presentará denuncias formales ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscalías estatales por la muerte de 17 mexicanos relacionada con acciones de autoridades migratorias estadounidenses.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que las acciones buscan esclarecer posibles violaciones a los derechos humanos de ciudadanos mexicanos y exigir responsabilidades.
Añadió que previamente el canciller Roberto Velasco notificó al embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, sobre la decisión del gobierno mexicano, quien —según Sheinbaum— manifestó apertura ante la preocupación expresada por las autoridades mexicanas.
Entre los expedientes que motivan las denuncias destaca el caso de Lorenzo Salgado Araujo, fallecido durante un operativo del ICE en Houston, Texas.
La versión oficial ha sido cuestionada por la defensa de la familia, cuyo abogado, Domingo García, denunció presuntas inconsistencias relacionadas con el uso de cámaras corporales y el desarrollo del operativo.
A ello se suman las declaraciones del abogado Hugo Balderas, representante de otros tres mexicanos que viajaban con Salgado, quienes rechazan que el vehículo en el que se desplazaban intentara embestir a los agentes, como sostiene el ICE.
Sheinbaum hizo un llamado al Congreso, a la Comisión Permanente y a todas las fuerzas políticas para respaldar las exigencias de justicia y solicitar información oficial sobre los casos.
La presidenta sostuvo que la protección de los mexicanos en el extranjero debe asumirse como una causa de Estado y no limitarse a una postura del gobierno federal.
El anuncio ocurre en un escenario de creciente endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump, caracterizada por el incremento de operativos del ICE en centros de trabajo y comunidades migrantes.
Datos oficiales señalan que desde enero de 2025 han fallecido 58 migrantes en instalaciones del ICE, de los cuales 14 eran mexicanos. En respuesta, México ha enviado 11 notas diplomáticas de protesta al gobierno estadounidense.
Nota relacionada: ¡Adiós a una leyenda! Fallece Sam Neill, estrella de Jurassic Park
El nuevo tiroteo en Maine y la ofensiva legal anunciada por el gobierno mexicano evidencian el aumento de la tensión bilateral en materia migratoria y reabren el debate sobre los límites del uso de la fuerza durante los operativos de detención, así como la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos de la población migrante.




