El Instituto Nacional Electoral (INE) es una de las instituciones más denunciadas por el hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero es una que, al llegar al poder, no pudo, ni ha podido modificar, a pesar de que es un reclamo popular constante y será el organismo que calificará las decisivas elecciones en el Estado de México y Coahuila en 2023 y la presidencial en 2024.
El mismo consejero presidente, Lorenzo Córdova, gusta de decir que el instituto tiene un porcentaje de aprobación ciudadana de 60 %. Sin embargo, hay grandes evidencias de que no sólo es un organismo parcial, costoso e ineficiente, sino infiltrado hasta la médula por intereses particulares, que sus defensores a ultranza suelen soslayar bajo una verborrea de defensa a las instituciones y a la democracia.
El argumento de los opositores al actual régimen, que se resguardan tras consignas como “Yo defiendo al INE”, es que no es el más costoso del mundo y que la confrontación emprendida por el presidente desde Palacio Nacional, “polariza” y daña la confianza en las instituciones públicas, en los organismos autónomos, que, según ellos, son la diferencia entre la libertad y “dictadura”.
Pero ese discurso no tiene en cuenta que los consejeros del actual INE llegaron a su cargo por medio de cuotas partidistas, y como tal, en funciones, resulta ingenuo creer que no hacen más que defender los intereses de esas organizaciones políticas en detrimento de la ciudadanía. Además, los defensores de ese sistema electoral, gustan ignorar los muchos fraudes electorales que ha permitido dicho instituto.
Mientras en otras democracias el organizador de las elecciones permanece como una entidad casi anónima, en México, el INE se erige como una suerte de “guardián de la democracia”, y cumple un gran rango de funciones, como lo son la administración del Registro Federal de Electores, asignar presupuesto a partidos, entrega de credencial para votar, y monitoreo de tiempos de radio y televisión.
En el papel, el presupuesto que recibe anualmente el INE, que para 2023 -año de las elecciones en el Estado de México y Coahuila- será de 24 mil 696 millones de pesos, parece ajustado a sus funciones y quizá esa cantidad desmedida de recursos públicos no importaría, si el instituto y el tribunal obraran con imparcialidad. Pero múltiples evidencias demuestran todo lo contrario.
En el entendido de Obrador, la única razón por la que ganó Américo Villarreal en Tamaulipas, a pesar de existir toda una operación del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, con mutismo o complicidad del INE, es porque salió a votar más del 50 % de los electores, la mayor cantidad en las elecciones en 2022. A pesar de todo, AMLO ha declarado múltiples veces que no busca “desaparecer” al INE.
“Al INE no hay que desaparecerlo, sólo hay que buscar que quienes se dedican a su función, no estén al servicio de una minoría y que no se conviertan en medios para la represión”, dijo López Obrador en su conferencia matutina del 20 de septiembre, refiriéndose no sólo a la composición actual del instituto, sino a su reciente fiscalización y sanción a comunicadores simpatizantes a la 4T en Twitter.
Su última oportunidad
Aunque la Reforma Electoral, propuesta por el titular del Ejecutivo, se comenzará a discutir el 15 de octubre, las posibilidades de obtener la mayoría calificada (tres terceras partes de la cámara de Senadores), necesaria para aprobarla, son escasas. Sin embargo, en abril de 2023, cuatro consejeros del INE terminarán su función de nueve años y su salida es la única oportunidad que le queda al régimen obradorista.
A decir del diputado morenista Ignacio Mier, la conformación actual de 11 consejeros no surgió por otra razón que servir al inmoral sistema de cuota de partidos políticos, y se espera modificar eso. De los cuatro salientes, Lorenzo Córdova, presidente del INE, y Ciro Murayama, llegaron por cuota del PRD; Adriana Margarita Favela, por cuota del PRI, y Roberto Ruiz Saldaña, por el PAN.
La mayoría morenista en la Cámara de Diputados les permitirá proponer los perfiles de esos cuatro nuevos funcionarios, ya que no se requieren más que dos terceras partes de los legisladores presentes a la hora de la votación, una oportunidad de otorgarle representación ciudadana al instituto.
Para su selección se requiere una convocatoria ciudadana, la formación de un Comité Técnico Evaluador, designado por la Cámara de Diputados, con mayoría de Morena, donde ese partido tendrá la posibilidad de selección y esos cuatro puestos, incluyendo el de consejero presidente, pueden ayudar a cambiar la dirección del INE, que en la actualidad está en manos de intereses de la llamada coalición Va Por México.
¿Reformar desde adentro?
Siguiendo los razonamientos de Obrador al llegar al poder, la autonomía de las instituciones le llevó a modificar la relación con el Poder Judicial, que en sexenios pasados funcionó como mero apéndice del Ejecutivo. Su opción para reformar ese poder desde adentro fue la elección de cuatro magistrados en 2019, pero recientemente esa misma táctica fue declarada como un fracaso por el mandatario.
En 2020, en la elección de cuatro consejeros, Morena tuvo oportunidad de balancear un tanto la institución. Norma de la Cruz Magaña, Carla Humphrey, Uuc-kib Espadas y José Martín Mora fueron electos, pero poco o nada han hecho para contribuir a la reforma del INE; al contrario, se han sumado a las ideas de Córdova y Murayama, demostrando lo difícil que es cambiar esa institución.
Espadas, consejero del que se esperaba imparcialidad ciudadana, dijo en 2021 a El Financiero: “El INE cuesta lo que tiene que costar”. En el proceso, desatendiendo el reclamo de disminución de costo al erario de la institución, y peor, omitiendo el papel parcial que realizó el órgano al retirarle su candidatura a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio en 2021, aduciendo excusas ridículas.
Humphrey, hoy esposa de quien fuera uno de los baluartes de la 4T como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, ha defendido el financiamiento del INE a partidos, pues gracias a éste “hay contiendas equitativas”, dijo en foro abierto en agosto. Discurso que mantiene al instituto como intachable en sus funcionamientos, cuando su corrupción es el principal problema.
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En la elección de cuatro nuevos consejeros en abril próximo, Morena y Obrador tienen la posibilidad de establecer un cambio que ayude a que en 2023 y 2024 el INE sea un árbitro imparcial y no aparezcan obstáculos que ya se creen superados, como un posible fraude electoral. Pero aun cuatro intachables consejeros no son garantía de que estos operen a favor de la imparcialidad. El INE necesita una gran reforma que, todo parece indicar, quedará ya no se dará en este gobierno.
El Tribunal Electoral, otro pendiente El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también está integrado por sistema de cuotas. En 2016, López Obrador aseguró en un mitin, que la designación del actual presidente del Tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, fue un “proceder mafioso de los del PRIAN” para anular la elección de la presidencia municipal de Zacatecas, ganada por Morena. Rodríguez Mondragón ha defendido su inocencia, pero su actuar no le ha ayudado en lo más mínimo. Recientemente se le captó saliendo de un restaurante con la excandidata a la gubernatura del PRI en Hidalgo, Carolina Viggiano, en vísperas de que el tribunal evaluara la validez de la elección. Y Mondragón calificará las elecciones de Edomex y Coahuila en 2023 y la presidencial en 2024. Que un órgano con poder de dirimir controversias esté enquistado por las fuerzas políticas, es un asunto de suma gravedad. Desde su nombramiento, los senadores de Morena han declarado que Reyes Rodríguez es un personero de Roberto Gil Zuarth, mano derecha de Cabeza de Vaca en Tamaulipas, y que llegó a tan importante cargo tras sólo cuatro años en la sala regional de Monterrey. Con tales conflictos de interés, no es claro cómo un personaje así puede presidir un órgano de vital importancia para la democracia mexicana. En aquel mitin, Obrador revelaba la nueva conformación del tribunal: “Hace unos días (noviembre de 2016), PRI y PAN se repartieron: tres para el PRI, tres para el PAN y uno para el PRD, de los 7 magistrados está este corrupto de Reyes...”.
LAS CIFRAS
14 mil
millones de pesos extra, los que solicitó Lorenzo Córdova para la organización de las dos elecciones en 2023.
27 mil
700 millones de pesos los que solicitan el INE y el TEPJF para realizar sus funciones en 2023.
TRES TEMAS PENDIENTES
1.-Implementar voto electrónico.
2.-Implementar segunda vuelta.
3.-Mejorar voto en el extranjero.
EL DATO
En 2018, López Obrador exigió que los consejeros del INE se bajaran el sueldo, ya que de acuerdo con la Constitución no pueden ganar más que el presidente. Los aludidos se ampararon y a la fecha ganan 262 mil 634 pesos mensuales.