Tras una audiencia que se prolongó durante 36 horas, una jueza de control vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otros siete presuntos implicados en una red de huachicol fiscal, al considerar que existen elementos suficientes para que enfrenten un proceso penal por delitos relacionados con delincuencia organizada, contrabando y operaciones en materia de hidrocarburos.
La jueza Alejandra Ramírez de la Vega determinó validar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) y ratificó la medida de prisión preventiva para Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, José Merino Valdés Cuervo y Luis Antonio Barrientos Juárez, quienes permanecerán recluidos en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
En tanto, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales enfrentarán el proceso bajo prisión domiciliaria, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén permanecerá interna en el Centro de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.
Investigación por una presunta red de contrabando de combustibles
De acuerdo con la FGR, la investigación apunta a una estructura dedicada a la importación, distribución y comercialización irregular de productos derivados del petróleo, considerada una de las principales modalidades del llamado huachicol fiscal, esquema mediante el cual se evade el pago de impuestos mediante la importación de combustibles con documentación presuntamente falsa o bajo clasificaciones arancelarias distintas.
La dependencia informó que Ruffo Appel; Ricardo Thompson Navarro, identificado como uno de los propietarios de Servicios Portuarios y exvocal de Ingemar; así como José Merino Valdés Cuervo, socio mayoritario de esa empresa, fueron vinculados por su probable participación en delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.
Asimismo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, agente aduanal, y Luis Antonio Barrientos Juárez enfrentarán cargos por delincuencia organizada y contrabando. Por su parte, José María de la Peña Ramos, Guillermo de la Peña Rosales y Adriana Magali Bárcenas Guillén, accionista y representante de Logística Ferroviaria Fargo, fueron procesados por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
Flujos por más de 3 mil millones de pesos
Según la imputación ministerial, la empresa Ingemar presentó operaciones financieras que no correspondían con su perfil fiscal. La FGR sostiene que una cuenta bancaria abierta en Grupo Financiero Intercam registró movimientos superiores a 3 mil millones de pesos entre junio de 2024 y julio de 2025, recursos que forman parte de las líneas de investigación por posibles operaciones vinculadas al tráfico ilegal de combustibles.
Las autoridades señalaron que las detenciones derivan de una investigación de alta complejidad desarrollada durante varios meses, sustentada en trabajos de inteligencia, análisis financiero, investigación científica y coordinación entre diversas dependencias del Gabinete de Seguridad.
Caso emblemático en la ofensiva contra el huachicol fiscal
La vinculación a proceso del exmandatario panista representa uno de los casos de mayor perfil dentro de la estrategia federal para combatir el huachicol fiscal, un esquema que, de acuerdo con las autoridades hacendarias y de seguridad, ha provocado pérdidas multimillonarias al erario mediante la evasión de impuestos y el ingreso irregular de combustibles al país.
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Aunque la resolución judicial fortalece la investigación de la FGR, el proceso apenas entra en su etapa formal y corresponderá al Ministerio Público acreditar la responsabilidad penal de los imputados, quienes conservan la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva.
