Ante una oposición sin líderes y sin otro proyecto que condenar al presidente Andrés Manuel López Obrador como un dictador, desde la llegada a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la ministra Norma Piña, los opositores a la presente administración han encontrado un ariete lo suficientemente fuerte como para hacer real daño al presidente, algo que no habían podido en casi 5 años.
“Héctor Aguilar Camín (quien ha insultado al presidente llamándolo ‘pendejo y petulante’) recomendó a las personas en una plática por zoom que recurrieran a la Suprema Corte, porque históricamente ha sido el otro reducto de la derecha, ahí siempre son mayoría”, explicó el historiador Lorenzo Meyer en el programa Los Periodistas del canal de Youtube de Sin Embargo. La estrategia era correcta.
Desde enero, en el crucial año electoral de 2023, en que asumió como presidente de la Corte, la ministra Piña insultó al presidente Obrador al no ponerse de pie en un evento protocolario. Además, los jueces han realizado polémicos actos de corrupción por los que no se ha pronunciado. Y, por si fuera poco, se ha descubierto que el cuñado de Isabel Miranda de Wallace es su mano derecha. Todos esos dos desplantes en dos meses.
El 21 de febrero, un tribunal descongeló las cuentas de Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, a pesar de que ese día un jurado lo encontró culpable de cinco cargos, por los cuales puede ser condenado a cadena perpetua. El 25 de febrero, un tribunal determinó que los 7 mil millones de pesos desviados por Rosario Robles, son una mera “falta administrativa”, y la exoneró de todo cargo.
El 28 de febrero, un juez otorgó un amparo y canceló la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a pesar de que hay evidencia sólida por delitos de delincuencia y lavado de dinero. Quizá lo siguiente sea la exoneración, para que pueda regresar a México, de Ricardo Anaya Cortés, y así pueda ser el candidato panista que la oposición está esperando.
“Es parte de la decadencia del Poder Judicial. No se ha podido reformar ese poder que viene del antiguo régimen y está plagado de corrupción. Es un poder judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y político en nuestro país. Entonces, por eso esos amparos constantes”, señaló López Obrador en su conferencia del primero de marzo.
“Lamentablemente hay protección para delincuentes de la delincuencia organizada y de cuello blanco”, acusó el mandatario. Y agregó: “Cuando estaba el ministro Arturo Saldívar había un poco más de vigilancia sobre los jueces. Se les respetaba su autonomía, pero vigilaban al Consejo de la Judicatura; este organismo es un florero, está de adorno.
“Antes había un poco más de atención, de vigilancia. Ahora que llegó la nueva ministra, declara en un formalismo extremo, como si fuesen omnímodos los jueces, de que son autónomos, que pueden hacer lo que quieran. Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”, expresa Obrador, quien nunca había sido tan enfático en su condena a dicho poder.
Escudados en su autonomía
Y parece ser que los hechos respaldan su apreciación. Desde que llegó al puesto de presidente de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, propuesta como magistrada en 2015 por Enrique Peña Nieto, los jueces de ese poder han dejado en libertad, en apenas unas semanas, a importantes miembros de la jerarquía política. El caso más reciente pinta para ser el corrupto abogado de políticos, Juan Collado.
El presidente incluso le ha pedido a la ministra Piña que explique el por qué tres horas después de que un juzgado con sede en Brooklyn, Nueva York, encontró culpable de cargos de conspiración y tráfico de drogas al exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, en México tres jueces decidieron, por unanimidad, descongelar las cuentas de la esposa de García Luna. Piña no ha dicho nada.
El panorama de una Suprema Corte echada para adelante con decisiones tan arbitrarias y escudándose en una autonomía que antes de la llegada del presidente López Obrador no se veía por ningún lado, comienza a pintar tintes del golpe blando, como el perpetuado en Perú el año pasado y apoyado de inmediato por Estados Unidos. Aquel asalto a la voluntad democrática se dio en cuestión de días.
En Perú, el presidente Pedro Castillo, desesperado porque el Congreso, dominado por el ala conservadora fujimorista -que actúa como capitanía colonial que favorece a los explotadores de otras naciones-, lo ataba de manos, cometió el error de disolver el Congreso. Fue el pretexto perfecto que buscaban sus opositores para acusarlo internacionalmente; bastó para que lo apresaran e impusieran a Dina Boluarte.
No es ocioso que en numerosas ocasiones López Obrador haya sacado el tema, pero que opte inteligentemente, con sólo denunciarlo y exponerlo ante la opinión pública. El Judicial de Norma Piña parece estar actuando con gran alevosía para forzar la mano dura del presidente y así lograr un efecto parecido al de Perú: golpe de Estado que fue acompañado de represión y asesinatos.
Las liberaciones de conocidos corruptos, por situaciones que involucran formulismos y jurisprudencias creadas en los regímenes anteriores, también siembran en la población, ignorante de la separación de poderes, la idea de que tampoco en el gobierno de López Obrador se castiga la corrupción. Incluso ahora esas liberaciones son interpretadas como si el Gobierno de AMLO fuera el corrupto.
El periódico El Universal en su edición del primero de marzo, se lanzó contra la Fiscalía, acusándola de ocultar por dos años la exoneración del llamado “abogado de los corruptos”, Juan Collado, detenido en 2019 y famoso por ser el litigante favorito de Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. Fue acusado de delitos graves como extorsión y lavado de dinero en paraísos fiscales.
El episodio de Collado, Robles y Pereyra, se une al de Luis Cárdenas Palomino, mano derecha de García Luna, cuyas cuentas fueron desbloqueadas por decisión de un tribunal administrativo el 25 de enero. Ante la “autonomía”, las resoluciones polémicas del Judicial de Piña no han hecho más que empezar y seguirán las siguientes semanas, imponiendo un gran reto al presidente López Obrador.
El reto de López Obrador
Los casos mencionados respaldan la versión de que el poder judicial está en franca campaña contra el Gobierno Federal, y cualquier movimiento del presidente de México buscando limitar sus excesos, aun si obtuviera apoyo popular, le daría una bandera más a la oposición, parapetada al momento en la defensa al INE, claramente basada en interpretaciones excesivas del alcance del Plan B electoral.
Cualquier respuesta enfática a un poder judicial en franco descaro contra el Ejecutivo, sería visto como el siguiente paso de un dictador, similar al caso de Castillo en Perú. Las portadas de The New York Times y otros medios voceros del Estado Mayor y la CIA, en Estados Unidos, con la marcha del INE y sus falsarias consignas darían razón a la oposición en México de que AMLO es un dictador.
Ante uno de los más grandes retos de todo su gobierno en puerta, con las elecciones en Estado de México y Coahuila en junio próximo, en las siguientes semanas se verá cómo enfrentará López Obrador los cruciales dilemas que se avecinan. Por lo pronto, el mandatario prepara una reafirmación del poder de convocatoria a sus bases sociales para el 18 de marzo en el Zócalo capitalino.