El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha admirado en múltiples ocasiones en su conferencia matutina de que Agustín Carstens, secretario de Hacienda en el sexenio de Felipe Calderón, logró la aprobación del presupuesto por unanimidad durante tres años consecutivos. El secreto del funcionario estribaba en el uso de las partidas secretas, que permitían asignar presupuestos: los moches lo hacían posible.
En 2021, cuando finalmente se aprobó el presupuesto 2022, los legisladores de la oposición metieron mil 29 reservas. “Es un récord”, dijo López Obrador. “En los tres años de Carstens se aprobó por unanimidad, sin reserva. Claro, ahí empezaron a repartir moches, a todos les daban”. Tal sistema parte de una ilegalidad, porque los legisladores no están capacitados para manejar ningún tipo de presupuesto.
En 2020, AMLO ya había descrito el sistema, en que cada integrante de la Cámara baja recibía una cantidad que debía repartir en el distrito que representaba, quedándose con un porcentaje por bajar el recurso; o en su defecto, recomendando a cierta empresa para realizar la obra pública, pudiendo realizar dicho esquema ya sea en su distrito o con otros alcaldes o presidentes municipales en la República.
En particular, esos subsidios a entidades federativas y municipios se mantuvieron de 2010 a 2018 por medio del Ramo 23, que se eliminó del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) desde 2019. Ese fue el primer año en que la bolsa del Ramo 23 no se asignó al financiamiento de obra pública; se reorientó al pago de tarifas de energía eléctrica.
El otro inconveniente era que esa obra pública en la mayoría de los casos quedaba inconclusa, con hospitales hoy abandonados, caminos deteriorados. Una infraestructura deficiente que favorecía los negocios y las prebendas de los gobernantes. Asignaciones que también servían para afianzar al partido del presidente en turno. A Calderón le sirvió para patrocinar su “sociedad civil”.
Centralizar el presupuesto
El Artículo 51 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), dentro del Ramo 23, explica el cambio actual: “Centralizar los recursos que deba percibir el Gobierno Federal en la Tesorería y realizar directamente los pagos a los beneficiarios finales a fin de evitar la existencia de recursos ociosos, reducir cuentas bancarias y los costos por los servicios financieros de las mismas”.
Es, en resumen, lo que ha propuesto el presidente en varios libros suyos, incluido su Proyecto Alternativo de Nación, en que se termina con burocracias inútiles que al final sólo acaparaban los presupuestos para pagar sus onerosos salarios, provocando que al beneficiario final le quedara muy poco. La eliminación de la partida de los moches, es similar, pues era una caja negra cuya utilización era totalmente discrecional.
Para la derecha, dirigir el presupuesto hacia la ciudadanía, que de hecho es una de las labores que un Estado de economía mixta-keynesiana está obligado a realizar, es una aberración. Es quitarles potestad de una suerte de micro gobierno que llegaban a ejercer en las 32 entidades federativas, que además servía al presidente en turno para coaccionar a los estados y lograr una supuesta “gobernabilidad”.
El articulista de la revista Nexos, Gilberto Sánchez Pantoja, en su texto Infraestructura (03/03/2020), menciona que la disminución de los recursos del Ramo 23 que se transferían a los estados para infraestructura, “han propiciado la caída en el valor de la obra contratada por el sector público en los estados”, a pesar del incremento del presupuesto en ese año, de más de 80 mil millones de pesos.
Tal es la lógica de los analistas de derecha, que atacan ese recorte al “gasto federalizado”, que la presente administración centralizó y encausó a sus proyectos emblema. Es en el fondo una defensa al sistema de corrupción de moches, en que los funcionarios podían ejercer presupuestos para realizar obra pública con la que maniataban y condicionaban el voto de los ciudadanos en dichas entidades.
Criticar la centralización del presupuesto y la abolición del sistema de moches, resulta en una forma de la derecha de condenar los programas sociales y las obras de infraestructura del sexenio, como son la Refinería Olmeca de Dos Bocas, el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya, las cuales forman parte de un proyecto que goza de mandato ciudadano, apoyado por más de 30 millones de votos.
Un negocio redondo
Los partidos de oposición al oficialismo tienen muchas razones para extrañar la desaparición de ese esquema de corrupción. Similar al de los fideicomisos, con los que los panistas y priistas delegaban en manos de particulares las labores a las que un Estado está obligado, los moches hacían posible el sistema de gobernabilidad federalista y la aceptación de las propuestas del Ejecutivo. Un negocio redondo.
Desde 2018, Pemex, CFE, IMSS y Sedena son responsables de ejecutar el 69% de las obras de infraestructura pública y eso ya responde al plan de gobierno de la presente administración, en que se busca que estados del sureste del país, que durante años tuvieron déficit de crecimiento económico, puedan desarrollarse y no sirvan sólo para entregar sus recursos a los estados industrializados del norte.
Con respecto a los otros rubros del Ramo 23, Obrador ha dicho que no hay límite de gasto para aspectos “relacionados con el bienestar del pueblo”. Por ejemplo, en el caso de daños ocasionados por algún fenómeno natural, ya que el ataque de la derecha a la reducción de los recursos del FONDEN (Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales) ha sido una de sus formas de atacar al mandatario federal.
En el fondo, resulta en un ataque a la reactivación del Estado como un ente efectivo en todas las esferas del desarrollo nacional, porque las anteriores administraciones habían dado un papel protagónico a su iniciativa privada y el sistema de moches servía para habilitar una particular, que se relacionaba con los propios negocios de los políticos.
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El Ramo 23 no ha desaparecido, sólo que, en palabras del exdirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, “ya no se realiza la práctica del moche”. En opinión del también historiador, el Ramo 23 ocasionó que estados y municipios se olvidaran de obtener sus propios ingresos, pues estaban en espera de recibir el dinero de la Federación, lo que impactaba en la recaudación de las entidades.
¿Y el presupuesto? a programas sociales
Según datos dados a conocer por AMLO en una de sus conferencias en 2020, el ahorro por la desaparición del esquema de corrupción, incluido el de ‘moches’, equivale a 500 mil millones de pesos, recursos que según el mandatario son destinados a los Programas del Bienestar: Pensión Para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.
En el presupuesto para 2023, hay un recorte de 4 mil 475.5 millones de pesos al INE; de mil 425.1 mdp al Poder Judicial y de 466.6 mdp al Poder Legislativo, mismos que se orientarán en el ejercicio presupuestal, a los programas de asistencia social. Así, un total de ahorros destinados al mantenimiento de gobierno de 6 mil 416 millones de pesos, serán reencausados.
Y es parte del mismo proyecto de López Obrador, en el que no es necesario endeudarse con el FMI (Fondo Monetario Internacional), porque alcanza con los ahorros conseguidos por austeridad gubernamental, y por evitar la corrupción en las esferas en que el gobierno puede influir. En el primer rubro, señala que su administración no llegó a ejercer 600 mdp en el año 2022 en gastos de gobierno.
En el último año de Enrique Peña Nieto, su Oficina de Presidencia ejerció 3 mil 570 mdp. Eliminar las partidas de ‘moches’, responde no sólo a la máxima de esta administración de acabar con la corrupción, sino de aligerar el costo del gobierno para la ciudadanía, por eso es uno de los logros más marcados del presente gobierno. Uno que a Obrador gusta de recordarle a menudo a sus opositores.