Ricardo Anaya Cortés, el autoexiliado excandidato presidencial, compareció este jueves, por videoconferencia, ante un juez federal, pero se decidió reprogramar la audiencia para el 4 de octubre, a las 9:00 horas. Ahora desde territorio nacional.
El juez Gustavo Aquiles Villaseñor, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, determinó que Anaya desconocía la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra, por lo que decidió reprogramar su comparecencia.
El imputado no ha tenido acceso a la carpeta de investigación, según determinó el juez
«Quedó de manifiesto que, en efecto, no ha contado con acceso a la carpeta de investigación. Toda vez que el imputado no ha tenido acceso a la carpeta de investigación, el juez decidió, en aras de garantizar su derecho a una defensa adecuada, reprogramar para el día lunes 4 de octubre, a las 9:00 horas», informó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El juez precisó que las audiencias por videoconferencia deben efectuarse dentro de territorio nacional, aunque se desconoce desde dónde se conectó el también ex dirigente nacip0onal del Partido Acción Nacional.
La audiencia inició alrededor de las 11:15 horas, más de una hora después de la cita original y concluyó solo 45 minutos después. Anaya fue citado a declarar por la presunta comisión de los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
Antes de la hora, el excandidato presidencial estuvo publicando en su cuenta de Twitter críticas sobre las acusaciones de la FGR en su contra.
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«Surgieron DOS pruebas CONTUNDENTES contra mí: dos casas donadas. Club Campestre 7C: Es de mi mamá ¡desde 1993! Club Campestre 404: Es de mi suegra ¡desde 1996! A AMLO SÍ le pueden donar un rancho, y él puede donarlo a sus hijos. En mi caso ¡prueba aportaciones de Lozoya», escribió Anaya.
El 23 de agosto, cuando se dio a conocer que le llegó el citatorio, Ricardo Anaya dijo que no se presentaría por temor a que lo detuvieran al finalizar esta audiencia inicial.
Incluso, anunció que saldría del país al declararse «perseguido político» del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
