En Oaxaca, colectivos y organizaciones feministas a bordo de la patrulla feminista protestaron en la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); en la sede de los juzgados familiares y civiles denunciaron a jueces corruptos y colocaron el quinto tendedero de deudores alimentarios.
Las inconformes, lideradas por al activista Diana Luz Vásquez, denunció que una de las razones por las cuales las mujeres han salido a las calles a exhibir a los acreedores alimentarios, se debe a la corrupción y dilación de la justicia que hay en los juzgados; principalmente civiles “donde los jueces se vende junto con los abogados y retrasan los procesos de cobros de pensión alimenticia que pueden llegar a tardar hasta 20 años”.
También reprocharon que no haya pruebas de ADN gratuitas; cuestionaron que las mujeres que exigen, son enviadas a laboratorios de cadáveres; donde los resultados tardan hasta 6 meses, tiempos que permite a los violentadores huir y ser prófugos de la justicia.
En la manifestación, las mujeres, algunas vestidas de negro y cubiertas del rostro; hicieron sonar la alarma de su patrulla femenista, lo que provocó el cierre de las puertas de los juzgados civiles y la evacuación del edificio, a través de una salida de emergencia.
En la calle, las manifestantes lanzaron consignas y realizaron pintas en la fachada del edificio; ubicado en el barrio del Ex Marquezado en la zona del centro histórico; después marcharon al zócalo de Oaxaca.
Antes, un grupo de mujeres, afectadas por la falta del pago de pensiones alimenticias, denunciaron a varios de los acreedores, entre los que se encuentra Elpidio Altamirano, miembro del Comité Directivo del PVEM.
Además de Carlos Rasgado Toledo asesor en la mesa de atención de conflictos de la Secretaría General de Gobierno.
Así como a Casiano Luis Mejai excandidato a presidente municipal por el ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, catedrático de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO); y miembro de la sección 22 de la CNTE.
En la denuncia figuran locutores, taxistas, transportistas, líderes sindicales, de organizaciones sindicales, miembros de partidos políticos como el PRD, PAN y el PRI; empresarios, comerciantes, presidentes municipales, regidores, artesanos, animadores, cantantes y hasta un youtuber.
Las víctimas se quejan de ser estigmatizadas y reprueban la llamada política patriarcal a favor de los acreedores, que abandonaron sus familiares y ni cumplieron con el pago de manutenciones que exige la ley.
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En Oaxaca se acaba de aprobar una reforma al Código Civil para que el registro Civil exhiba un buró de deudores alimentarios, para que pierdan derechos políticos y civiles.