Una de las reformas centrales de Andrés Manuel López Obrador en la segunda mitad de su sexenio es la que envió el pasado 30 de septiembre a la Cámara de Diputados, con la que el Presidente busca un cambio constitucional en materia energética.
Será esencial para consolidar los objetivos de la Cuarta Transformación, que tiene entre sus retos principales acabar con los abusos de las empresas privadas, que afectan directamente a los consumidores.
Sucede que, durante la etapa neoliberal, que comenzó balbuceante durante el sexenio de Miguel de la Madrid, que se consolidó con Carlos Salinas de Gortari, y que se implantó a sus anchas durante los siguientes gobiernos hasta el de Enrique Peña Nieto, las grandes beneficiarias de la industria eléctrica fueron las empresas privadas, nacionales y extranjeras, mientras que los usuarios comunes pagaban tarifas cada vez más altas por un servicio deficiente.
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López Obrador, y quienes impulsan la Reforma Eléctrica, han señalado que, para poner fin a estos abusos, es necesario primero terminar con el “régimen neoliberal».
En este modelo, ahora sabemos, hasta hubo un mercado eléctrico paralelo, en el que empresas como Cemex, Bimbo, Oxxo, Walmart, Femsa y Kimberly-Clark vendían la luz ilegalmente, pues la única que puede hacerlo es la Comisión Federal de Electricidad.
La solución que propone López Obrador es desmontar la red de corrupción y el entramado de contratos leoninos, que fueron posibles sólo con la complicidad de las anteriores administraciones.
Ese es justamente el objetivo de la reforma eléctrica: recuperar la soberanía y la autosuficiencia energética, mediante el fortalecimiento de la paraestatal -que la electricidad se genere con insumos e infraestructura nacionales-, y establecer nuevas reglas que pongan fin a subsidios, contratos abusivos y graves actos de corrupción.
Antes, Obrador intentó resolver el asunto sólo con una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que se aprobó el 2 de marzo de 2021; dicho cambio fortalecía a la CFE.
Sin embargo, aún no entraba en vigor cuando jueces corruptos comenzaron a amparar a empresas privadas alegando «violaciones a la libre competencia».
La única salida que le quedó a López Obrador fue impulsar una reforma total con blindaje constitucional.
Esta propone modificaciones en tres artículos constitucionales (25, 27 y 28), contempla una relación de auténtica competencia, justa y equilibrada, con las empresas privadas, así como una distribución de la electricidad ordenada y eficiente.
Además, la Reforma Eléctrica prioriza las energías limpias, como la hidroeléctrica, la geotermia, la eólica y la solar, y deja en último lugar a la que se produce con carbón.
A continuación, les compartimos los puntos clave de Reforma Eléctrica
• La CFE tendrá a su cargo, de manera exclusiva, diferentes áreas estratégicas, entre las que se encuentran la generación de electricidad y la extracción de litio, sin que eso constituya un monopolio.
• Dejará de ser una “empresa” del Estado para convertirse en un “organismo del Estado”. Tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, y será autónoma en sus funciones y en su administración.
• Para mejorar su productividad y rentabilidad, trabajará como un organismo integral en la generación, distribución, transmisión y comercialización de la energía.
• Se reintegra a la CFE el Centro Nacional de Control de Energía, que será la encargada de distribuir energía constante y barata a los 46.2 millones de usuarios en todo el país.
• Se cambiará el orden en la distribución de la electricidad. Se dará prioridad a la energía hidroeléctrica, por ser la más limpia y constante. Le sigue la nuclear, geotérmica, gas (CFE), térmica, eólica, solar, gas (privados) y carbón.
