Ulises Lara, exfiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, enfrenta un nuevo señalamiento: su media hermana Hilda lo acusa de utilizar sus influencias.
Según Hilda Lara, el exfuncionario habría impulsado desde la Fiscalía capitalina un proceso penal por despojo agravado contra ella y su esposo.
El objetivo, sostiene, era recuperar una casa familiar que ambos compraron legalmente en 2013 mediante una operación protocolizada ante notario.
Sin embargo, el conflicto escaló hasta los tribunales y terminó exhibiendo contradicciones entre las acusaciones, las actuaciones ministeriales y diversas resoluciones federales.
Hilda y Godefroid Pakabomba Muabi compraron el inmueble por 2.1 millones de pesos en junio de 2013. Parte del pago provino de un crédito de Infonavit.
La operación ocurrió ante el notario público 165, Carlos Sotelo Regil. Además, una pericial grafoscópica concluyó que Carlos León Lara firmó el instrumento notarial.
Ocho años después, en 2021, el padre de Ulises Lara desconoció la compraventa y promovió acciones legales contra su Hilda, su esposo, el notario y el Infonavit.
No obstante, la propia Ady Guadián, madre de Hilda, declaró ante investigadores que ambos acudieron al notario y firmaron la operación.
El caso adquirió otra dimensión cuando Hilda denunció a Ulises Lara por presunto abuso de poder y conflicto de intereses ante el Órgano Interno de Control de la Fiscalía capitalina.
El organismo archivó la investigación en julio de 2024 por considerar que no existían elementos suficientes contra servidores públicos.
Amparos desmontan el proceso penal
A pesar de las acusaciones, Hilda y su esposo fueron vinculados a proceso por despojo agravado en octubre de 2023.
Pero el caso comenzó a fracturarse en tribunales federales. El Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal determinó que los delitos denunciados ya habían prescrito.
Los jueces ordenaron dejar sin efecto las vinculaciones y reponer el procedimiento conforme a las resoluciones de amparo.
Finalmente, los jueces de control revocaron las vinculaciones contra Hilda y Godefroid y reconocieron la prescripción de los delitos imputados.
Aun así, Grace Montserrat Díaz Gutiérrez, asesora jurídica que representa al padre de Hilda, presentó apelaciones contra esas determinaciones.
El expediente continúa atrapado en una disputa judicial que, según la defensa, prolonga un proceso que los tribunales federales ya consideraron prescrito.
Además, otro fallo ordenó levantar el aseguramiento de la vivienda, al considerar que la medida vulneró el principio constitucional de exacta aplicación de la ley penal.
Ulises Lara y una fiscalía convertida en escenario familiar
El caso resulta especialmente delicado porque Ulises Lara ocupó cargos relevantes dentro de la Fiscalía capitalina mientras avanzaba el conflicto de su familia.
Hilda sostiene que su hermano utilizó su posición para influir en la investigación. Ulises Lara, en cambio, niega haber intervenido y asegura que el litigio corresponde a su padre.
El exfuncionario también rechazó que la Fiscalía haya actuado por instrucciones suyas y sostuvo que las impugnaciones forman parte de la estrategia jurídica institucional.
Además, el expediente ocurre en medio de una trayectoria marcada por polémicas públicas.
En agosto de 2024, Ulises Lara intervino para impedir la detención del exgobernador Javier Corral en Ciudad de México; entonces defendió que el operativo de Chihuahua era ilegal.
Después, en enero de 2026, Ernestina Godoy lo designó titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR.
Sin embargo, apenas seis meses después, Ulises Lara renunció al cargo alegando “motivos personales”.
La denuncia de su hermana coloca ahora bajo escrutinio su actuación dentro de una institución encargada precisamente de procurar justicia.
Y aunque Ulises Lara rechaza las acusaciones, los documentos citados muestran una disputa donde amparos federales, prescripción del delito y aseguramiento inmobiliario han golpeado varias decisiones de la Fiscalía capitalina.
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El punto crítico: Hilda no sólo acusa a Ulises Lara de un conflicto familiar; sostiene que el poder institucional se convirtió en una herramienta para llevar ese pleito hasta los tribunales.
