La Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos I.A.P., fundada hace casi cuatro décadas y considerada pionera en la región, enfrenta una crisis financiera que amenaza con poner fin a una labor que ha transformado la vida de cientos de personas con discapacidad visual.
Lo preocupante no es únicamente el posible cierre de la escuela, sino lo que éste revela sobre las prioridades del país en materia de inclusión y apoyo a las personas con discapacidad.
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La organización nació gracias al esfuerzo de Silvia Lozada, una mujer con discapacidad visual que, tras experimentar los beneficios de un perro guía en el extranjero, decidió crear en México una institución capaz de brindar ese mismo apoyo a otras personas.
Desde entonces, la escuela ha entrenado y donado perros guía, además de ofrecer rehabilitación, orientación psicológica y programas de inclusión para personas ciegas o con baja visión. A lo largo de su historia ha formado más de 150 binomios de personas y perros guía, beneficiando a usuarios de México y otros países de América Latina.
Sin embargo, desde 2015 la institución enfrenta severos problemas económicos derivados de la pérdida de uno de sus principales donantes. La pandemia agravó aún más la situación, generando deudas y limitando la capacidad operativa de la escuela.
Actualmente, la organización mantiene campañas permanentes para recaudar recursos y ha advertido públicamente que se encuentra en riesgo de cerrar sus puertas.
La posible desaparición de esta escuela representa mucho más que la pérdida de una organización civil; significa que personas con discapacidad visual podrían quedarse sin acceso a una herramienta que les brinda movilidad, independencia y seguridad.
Un perro guía no es un lujo ni una mascota; es una extensión de la autonomía de quien lo utiliza. Cada animal requiere años de crianza, socialización y entrenamiento especializado antes de ser entregado a su usuario, un proceso cuyo costo puede superar los cientos de miles de pesos.
El caso también pone en evidencia una contradicción constante en México: mientras el discurso oficial suele hablar de inclusión y derechos para las personas con discapacidad, gran parte de los servicios especializados dependen de donativos privados y campañas de emergencia para sobrevivir.
La permanencia de una institución que cubre una necesidad social tan importante no debería depender exclusivamente de colectas, padrinazgos o aportaciones esporádicas de ciudadanos.
La amenaza de cierre obliga a preguntarse por qué una organización reconocida internacionalmente, considerada referente en América Latina y con décadas de experiencia, ha tenido que pasar años luchando por recursos básicos para continuar operando. Más allá de las dificultades económicas de la propia institución, el problema refleja la fragilidad de las políticas públicas destinadas a garantizar la movilidad y la inclusión de las personas con discapacidad visual.
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Si la escuela desaparece, México no sólo perderá un centro de entrenamiento de perros guía. Perderá una herramienta de inclusión construida durante décadas, una red de apoyo para cientos de familias y un símbolo de autonomía para quienes enfrentan diariamente barreras físicas y sociales. El verdadero fracaso no será el cierre de un edificio, sino la incapacidad colectiva de preservar un proyecto que ha demostrado, durante años, que la inclusión puede cambiar vidas.
