La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió de manera indefinida el juicio político promovido contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, luego de que la ministra Estela Ríos otorgara una suspensión que impide al Congreso estatal resolver el procedimiento, separarlo del cargo o inhabilitarlo mientras se analiza el fondo del caso.
La controversia constitucional fue promovida por el Poder Ejecutivo de Nuevo León para impugnar el proceso iniciado en la Comisión Anticorrupción del Congreso local, donde legisladores impulsaron un juicio político por presuntos actos de peculado y enriquecimiento ilícito atribuidos al mandatario emecista.
En su resolución, la ministra Estela Ríos —quien anteriormente se desempeñó como consejera jurídica de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador— argumentó que negar la suspensión podría afectar la continuidad del ejercicio del Poder Ejecutivo estatal.
«De no concederse la suspensión se afectaría la continuidad en el ejercicio de las funciones de gobierno del titular del Ejecutivo estatal«, señala la resolución, en la que también sostiene que la medida busca salvaguardar el funcionamiento de la administración pública de Nuevo León.
Con esta determinación, el Congreso local queda impedido, por tiempo indefinido, de concluir el procedimiento de juicio político, al menos hasta que la Suprema Corte resuelva la controversia constitucional, un proceso que podría prolongarse durante varios meses.
La suspensión representa un nuevo blindaje jurídico para Samuel García, quien previamente había obtenido una protección similar mediante un juicio de amparo promovido a título personal ante una jueza federal en Monterrey.
La decisión de la Corte vuelve a colocar en el centro del debate la creciente judicialización de los conflictos políticos entre el Ejecutivo y el Congreso de Nuevo León. Mientras los legisladores sostienen que existen elementos para investigar posibles actos de corrupción, el gobierno estatal insiste en que el procedimiento tiene un trasfondo político y constituye una invasión de facultades.
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El fallo también reaviva el escrutinio sobre el papel de la Suprema Corte en controversias de alto impacto político, particularmente por tratarse de una resolución emitida por una ministra identificada con el anterior gobierno federal, en un caso que mantiene congelado un procedimiento impulsado por el Congreso contra uno de los gobernadores más controvertidos del país.