Al inicio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se optó asesoría de la Cruz Roja para enfrentar uno de los problemas más angustiantes: la desaparición de personas.
En aquellos días se pensaba que con mecanismos de búsqueda se podría establecer una ruta para ir resolviendo el problema, ya desde entonces catastrófico.
Desde 2006 empezaron a ocurrir desapariciones, ligadas a la acción criminal, que se salían del patrón tradicional. Los barones de las drogas ordenaban esconder cadáveres o disolverlos en ácido. Aunado a ello, reclutaban incautos en una especie de leva, personas de las que ya no se sabría más.
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Las áreas de seguridad empezaron a advertir que lo que venía era una especie de capa negra, un mecanismo terrorífico, que por lo demás se separaba de la clasificación de desaparición forzada ligada a la acción de algún agente del Estado.
Esto implicó análisis conceptuales y operacionales. El tipo penal no existía con claridad y muchas veces se le ligaba a la privación de la libertad o al secuestro. Pero era otra cosa, todavía más terrible, como ha quedado constancia en estos años.
Inclusive se tuvo que avanzar en esquemas de investigación forense, siempre con pocos recursos y ante cargas de trabajo extenuantes.
Entre marzo de 1964 y mayo de 2022 se reportaron 245 mil 542 casos de personas desaparecidas. 145 mil 525 fueron localizadas en algún momento, pero 100 mil 17 personas no.
De este último grupo, 31 mil 271 casos desaparición ocurrieron durante la actual administración, de diciembre de 2018 a la fecha.
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¿Qué está ocurriendo? Son múltiples los factores, pero hay dos que son sintomáticos: los mecanismos de búsqueda no están funcionado adecuadamente y, por otro lado, los criminales siguen matando personas y escondiendo sus cuerpos.
Lo que se está enfrentando es de tal magnitud, que resulta ocioso el entrar en la feria de acusaciones para atrás y para adelante y más bien hay que buscar los mecanismos que terminen con lo que los organismos internacionales, como las Naciones Unidas o la Cruz Roja, califican como “una tragedia desgarradora”.
El Centro Nacional de Identificación Humana puede ser una pieza esencial para establecer una base de datos de ADN que permita acelerar las investigaciones.
Pero sobre todo se tienen que instrumentar protocolos y rutinas de trabajo que hagan los esfuerzos necesarios al momento de conocer una denuncia de desaparición, porque las primeras horas son fundamentales.
Pero la clave está en algo que conocemos desde hace tiempo: la impunidad. Hay que revertirla. Una idea de la dimensión de la ausencia de justicia, se observa al constatar que solo hay 35 sentencias contra perpetradores de ese delito. Sí, 35, no más.
