Una “democracia” que le da más a quien más tiene no es un gobierno del pueblo para el pueblo, no lo es en lo económico. Y si procura darle más votos a quien más tiene, tampoco lo es en lo político.
Un requisito para vivir en democracia es que existan condiciones equitativas tanto en lo económico como en los procesos electorales. Las prerrogativas que reciben los partidos políticos se distribuyen de acuerdo al padrón electoral. Es decir, más actores políticos no significa mayor costo. En este rubro sí es muy válida la afirmación de que entre menos burros más olotes para quienes salvan el registro.
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Las prerrogativas se distribuyen con un 30 % parejo y un 70 % que se reparte en función del número de votos que obtiene cada partido. Por lo que postular candidaturas populares sin conocimientos políticos es negocio, no importa qué sensibilidad y sabiduría política tengan sino cuántos votos generan.
La regla de oro democrática es que la mayoría manda, pero la Constitución dice que para hacer una reforma constitucional se necesita una mayoría calificada. Así que cuando la oposición cantó el Himno Nacional recientemente, celebró que un 45 % de diputados le ganó a un 55 %; demostraron su espíritu, uno en el que la elocuencia no cuenta.
Es deseable que los ciudadanos pensemos a corto y mediano plazo las consecuencias de nuestro voto y de nuestras acciones políticas, que contemplemos principios democráticos, y uno de ellos es que no te representa a quien no le diste tu voto, y no me refiero a la abstención, porque quien se abstiene, cede.
Suele haber, entre la opinión general, un desaire hacia los diputados plurinominales. Existe la visión deportiva de que quien obtiene una curul debe obtener más votos en un espacio llamado distrito electoral a como dé lugar. Si lo hace mintiendo, no importa; si lo hace abusando de la necesidad material de quienes tienen carencias, legalmente no se vale, pero mientras no se prueba, funciona.
Un distrito electoral es la ecuación que se hace entre el número de habitantes y el número señalado de los ya mencionados distritos. Es decir, 130 millones de mexicanos entre 300 distritos electorales, que no tienen que ver con nuestra historia, ni con sitios de convivencia; es una división que designa el INE y como regla un distrito no debe tener ni más ni menos del 15 % en relación a los otros.
Un diputado por distrito no necesita obtener la mayoría absoluta. En promedio llegan con menos del 40 % de los votos, pero representan a su entender a todo un distrito en que algo más del 60 % voto por otra opción.
Un diputado o diputada puede ser propuesta por un partido y ya en la curul cambiar de partido.
Los ciudadanos tenemos responsabilidad jurídica. Se entiende que tenemos capacidad para comprender lo que hacemos, pero si votamos de mayor manera por un género que por otro, no vale, debe haber paridad. Porque los legisladores ven al electorado como sujetos que se deben tutelar. Tal parece que ven el poder legislativo como un salón de fiestas en donde van a bailar, o como un pastel, y dicen que es para proteger a la mujer.
Lo curioso es que en México aproximadamente el 54 % del padrón son mujeres, así que, en la inteligencia de los legisladores, a la mujer hay que protegerla de sí misma porque no sabe votar.
Morena no es un partido político, es un movimiento que nació para llevar a la silla presidencial a un caudillo y ya lo cumplió. Pero su principal protagonista tendrá que abandonar el poder ejecutivo y su herencia está en dejar leyes electorales a su movimiento que acrecienten o mantengan a quienes lo siguen en lo que históricamente se ha llamado el Maximato, etapa de nuestra vida nacional que protagonizó Plutarco Elías Calles y que obligó a Don Lázaro Cárdenas a expulsarlo del país.
No pienso que esto se repita, lo que pienso es que debemos pasar a una etapa en que la competencia electoral sea institucional, equitativa y en la que las políticas públicas representen la voluntad de los electores y, desde luego, que la voluntad electoral esté alimentada con argumentos políticos.
Es verdad que debemos hacer profundos cambios en nuestras leyes electorales. Disminuir la diputación no significaría un gran ahorro del presupuesto, pero si en vez de 300 uninominales y 200 plurinominales, dejamos 4 circunscripciones de 100 legisladoras o legisladores, nos ahorramos algo. Los diputados o diputadas de partido no los eligen los electores, en realidad todo el cuerpo legislativo lo escogen los partidos.
Lo que se puede hacer es que de la lista que proponen los partidos, quienes votan puedan cambiar el orden de sus propuestas alterando la lista del partido con el que coinciden. Lo que importa de qué diputados y diputadas sean de partido es que se vote por proyectos más que por personas.
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Y si los integrantes de un partido político no responden, que se castigue al partido que lo postuló y que todos los pensamientos políticos estén representados, porque en la vía uninominal la mayoría no queda representada.
Si al hacer una propuesta de cambios constitucionales se obtiene la mayoría absoluta pero no calificada, entonces se haga un referéndum y que el electorado lo decida directamente.
Si en una elección intermedia el ejecutivo no tiene mayoría de aprobación en el poder legislativo, entonces sí que se ponga a votación la revocación o no del mandato, pero no cuando es obvio que cuenta con la aprobación mayoritariamente.
De que necesitamos cambios profundos en las leyes electorales las necesitamos, pero bajo otra reflexión que no sea la extensión del caudillismo.
