Su historia inicia durante el sexenio del presidente Miguel Alemán Valdés, en el que fungía como secretario de Hacienda y Crédito Público el licenciado Ramón Beteta Quintana. El 31 de diciembre de 1947 en el Diario Oficial de la Federación se publicaron diversas reformas al Código Fiscal de la Federación así como un Decreto que disponía que la Procuraduría Fiscal fuera una dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Una vez creada la Procuraduría Fiscal de la Federación e incorporada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el siguiente paso era designar a un titular, nombramiento que recayó en el licenciado Enrique Martínez Ulloa, primer Procurador Fiscal de la Federación que desempeñó dicho puesto en dos ocasiones: en los periodos comprendidos entre 1948-1949 y 1960-1964, nombrado posteriormente en julio de 1964 Ministro numerario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hay que subrayar que, desde el primer procurador de manera subsecuente hasta el día de hoy, han ocupado el puesto de Procurador Fiscal de la Federación avezados juristas, y no es para menos: ser el abogado fiscalista de la Nación requiere de un alto perfil con amplios conocimientos en materia legal, fiscal, financiera y penal, entre otros.
La estructura orgánica básica actual de la Procuraduría Fiscal de la Federación se encuentra conformada de la siguiente manera:
- Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta
- Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos
- Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros
- Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones
En el presente, la Procuraduría Fiscal de la Federación tiene diversas atribuciones de gran responsabilidad tales como la exclusividad de formular querellas por el delito de defraudación fiscal y sus equiparables, coadyuvar con el Ministerio Público y dar seguimiento en su calidad de víctima u ofendido en los procesos penales, entre otras.
Su actual titular, el Maestro en Derecho Félix Arturo Medina Padilla, ha informado que han sido presentadas 298 querellas por los delitos de defraudación fiscal equiparable por un monto de poco más de 22,200 millones de pesos (monto histórico en comparación a otros años), lo que representa un incremento significativo respecto a años anteriores. Igualmente, se han recuperado en un año 18,350 millones de pesos, respecto de los créditos fiscales que se encontraban en litigio.
A su vez se informó que, en el número de carpetas de investigación judicializadas ante el Poder Judicial de la Federación, los números fueron los siguientes: se dictaron 70 autos de vinculación a proceso, de las cuales 55 fueron por delito de defraudación fiscal y sus equiparables, y 15 por delitos de índole financiero.
Para finalizar, se redujo en un 30% de las personas que facturan operaciones simuladas.
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Los números son favorables, indicadores indudables de que las cosas se están haciendo bien y de acuerdo con la política planteada por el actual Procurador Fiscal Federal, quien señaló al rendir protesta “Que se sancione a los responsables. Al margen de la ley nada, por encima de la ley, nadie”. Sin temor al equívoco, hoy por hoy se puede asegurar de manera categórica que el brazo fuerte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la Procuraduría Fiscal de la Federación.
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