Dos sicarios, que viajaban en motocicleta se acercaron a la camioneta en que viajaba Cecilia Monzón y le dispararon en seis ocasiones, para darle muerte.
La mecánica del crimen se aleja del modus operandi de los asaltantes y más bien se inscribe en las rutinas de los asesinos por encargo.
El asesinato se da en un contexto de degradación de la seguridad en Puebla. Se mata porque se puede y se puede porque la impunidad es casi absoluta.
El trabajo de Monzón, como abogada penalista enfocada en la defensa de mujeres que han sufrido de violencia, le dio prestigio y liderazgo ante un tema actual y lacerante. Tan solo este año, han ocurrido 319 feminicidios, cifra espeluznante que envuelve a esta época sombría.
Lee la anterior columna de Julián Andrade: Una tragedia desgarradora
Monzón trabajó en la alcaldía de Cholula, como responsable de los programas sociales e inclusive contendió en 2018, como abanderada del Partido Verde, para presidirla. Cercana al PRI, conoció y padeció las presiones del poder local, al grado de que fue la primera mujer en presentar una denuncia por violencia política en razón de género.
Ella misma litigaba, en contra del padre de su hijo, por la pensión alimenticia, en un asunto que se había ido prolongado.
La indignación no se ha hecho esperar, y grupos de mujeres se congregaron en las puertas de la Fiscalía del Estado, para exigir una indagatoria pronta y profesional, que lleve a los perpetradores ante los jueces para que reciban el castigo que se merecen.
A ello se suma una exigencia pública, de más de mil mujeres, que no quieren que la indagatoria se pierda en el limbo de los casos no resueltos.
La defensa de los derechos humanos y en particular de las mujeres, es ya una actividad de alto riesgo. En pocas ocasiones de nuestra historia ha ocurrido algo así, y no porque el pasado fuera idílico, al contrario, establecer las bases para la construcción de una sociedad de derechos, provino de un esfuerzo, muchas veces extenuante, de organizaciones de la sociedad civil.
La Front Line Defenders coloca a nuestro país como una de las naciones más peligrosas, solo después de Colombia para quienes se ocupan de proteger derechos.
Desde diciembre de 2018, las cuentas ya alcanzan las 94 muertes violentas de defensores de derechos civiles, políticos y humanos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación.
