El poder se resguarda, es su naturaleza. Desde el 28 de febrero de 2019, el presidente López Obrador anunció que los archivos del CISEN de 1986 a 2018, relacionados con violaciones graves a los derechos humanos, se harían públicos de modo gradual.
Hasta ahora, la instrucción presidencial es letra muerta, porque en el Archivo General de la Nación (AGN) no han realizado apertura alguna por demoras y análisis que se realizan en la dirección jurídica, donde desde hace años tienen un equipo de seis becarios (que se rotan en el tiempo) provenientes de las carreras de sociología e historia que son quienes ordenan y clasifican los documentos.
Entre las tareas específicas que tiene el equipo, que está integrado por personas “sumamente discretas”, se encuentra la de buscar información “susceptible de ser clasificada como confidencial por ser de naturaleza sensible”, se señala en el Proyecto de Servicio Social y Prácticas Profesionales.
También elaboran tablas descriptivas en función de la información que deba clasificarse y las actas respectivas, incluidas las de ampliación del término.
Es probable que todos los retrasos en el acceso a información que debiera ser pública provienen del enfoque mismo con el que se trabaja en el AGN, que en lugar de alentar las posibilidades de transparencia buscan, como metodología, los ángulos que permitan mantenerla en secreto.
Se entiende que parte de la información tenga que ser resguardada con el cuidado debido, sobre todo por lo que respecta a la protección de datos personales, e inclusive a los de la propia seguridad, pero tratándose de expedientes sobre derechos humanos la máxima publicidad tendría que ser la norma.
Después de todo, el ofrecimiento del presidente López Obrador, radica justamente en propiciar la apertura de expedientes que pueden dar pistas sobre mecanismos de funcionamiento de las áreas represivas del propio Estado.
Si se observa, no se trata de un abanico amplio de los acervos de inteligencia, sino de aspectos que pueden contribuir a la no repetición de sucesos que fueron lamentables.
En los hechos ni siquiera conocemos de los alcances de la documentación que en su momento elaboró el CISEN y es probable que no sea lo que se espera, si lo que se quiere es encontrar todo un compendio de fechorías. Lo más factible, si atendemos la evolución que significó la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), es que se trate de análisis que pueden dar luces sobre momento específicos en la historia del país.
Es más, lo único que se hizo público, y en parte, es el expediente del caso Manuel Buendía, pero solo el listado de la documentación respectiva, es decir, se pueden consultar los índices no el contenido mismo, como se desprende de una nota de Aristegui Noticas de febrero pasado.
Por supuesto que no es un tema sencillo. En el AGN también se encuentran los archivos de la DFS y que se hicieron públicos, en parte, desde el arranque del gobierno del presidente Vicente Fox.
De su consulta proviene información relevante, sobre todo la que se refiere a las labores de espionaje que se realizaron en torno a personajes de la oposición o a grupos que eran clasificados como subversivos, entre ellos, por supuesto, los de las distintas guerrillas.
Pero las demoras actuales también pueden afectar el trabajo de la Comisión de la Verdad, la que tendrá que entregar un informe en 2024 sobre violaciones a los derechos humanos de 1965 a 1990.
El trabajo que se está realizado en el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico merece de todo el apoyo posible y este pasa, de modo irremediable, por la posibilidad de consultar todos los expedientes que sean necesarios.
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Pero, sobre todo, es la sociedad la que tiene el derecho de conocer, de no encontrar trabas en el proceso de dotar de luz a las zonas sombrías del pasado.
Ojalá que en el AGN se quiten la modorra y procedan en alentar las consultas, las que, de todas formas, requieren de la mirada de expertos y del paso del tiempo.
Es más, si los archivos del CISEN no pueden ser conocidos tendrían que explicarlo, eso sería clarificador, y quizá terminaría con muchas leyendas o, por el contrario, nos haría constatar que todo gobierno termina por ser celoso guardián del pasado, aunque sea el ajeno.
