Dos generales del Ejército están sujetos a proceso por el caso Ayotzinapa. Son José Rodríguez y Rafael Hernández Nieto, quienes en 2014 eran coroneles y estaban a cargo de los batallones avecindados en Iguala, el 27 y el 41, respectivamente.
Se les acusa de delincuencia organizada y de estar involucrados en desapariciones forzadas.
Es un tema de importancia porque tiene implicaciones en las propias averiguaciones y en las relaciones de los soldados con el poder civil.
Al menos desde que fueron detenidos y procesados, durante la administración del presidente Vicente Fox, los también generales Arturo Acosta Chaparro y Héctor Quiroz Hermosillo no se había desarrollado una situación semejante.
Acosta Chaparro y Quiroz Hermosillo comparecieron también por delitos contra los derechos humanos, que presuntamente cometieron en labores de combate a la guerrilla en el estado de Guerrero y particularmente contra el Partido de los Pobres que lideraba Lucio Cabañas, quien, por cierto, estudió en la escuela normal Isidro Burgos, la de Ayotzinapa.
Es más, durante décadas, Acosta Chaparro fue de las pocas personas que conocían el lugar donde enterraron a Cabañas, luego de que murió en un enfrentamiento con soldados. El propósito de mantener oculto el lugar de la sepultura era para evitar que se convirtiera en un símbolo y atractivo para celebraciones de carácter político o inclusive subversivo. En la actualidad los restos reposan en la plaza de Atoyac, en la sierra guerrerense.
Los generales pertenecieron, además, a la Brigada Blanca, un grupo integrado por soldados y policías que tenía la misión de enfrentar a las guerrillas urbanas y en particular a la Liga 23 de septiembre.
Los estragos que hicieron para cumplir con su encomienda aún estremecen y son motivo de investigaciones sobre el periodo de la Guerra Sucia. Es justo en ese tiempo, en el que se cometieron las mayores violaciones a los derechos humanos y hay una deuda pendiente con las víctimas y con lo que respecta a la memoria histórica.
La situación de los generales Hernández y Rodríguez es otra, por supuesto. En principio porque los casos que elaboró la FGR no son tan contundentes y están inscritos en la lógica de tratar de desmontar la argumentación de la verdad histórica sobre lo acontecido a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, donde el señalamiento de mandos militares es un eslabón indispensable, aunque no siempre existan evidencias de ello.
Hace unos meses las ordenas de captura tuvieron que ser suspendidas, porque las acusaciones contra los generales en retiro procedían de testigos protegidos.
El fiscal Alejandro Gertz no quiso entrar en el juego del encargado del caso, Omar Gómez Trejo, quien tuvo que renunciar, pero al paso de los meses y con la llegada de un nuevo investigador, Rosendo Gómez Piedra, propició que las valoraciones cambiaran.
Lo que no ocurrió, es que se presentaran pruebas adicionales a los dichos de quienes eran jefes de los Guerreros Unidos y ahora trabajan para las autoridades a cambio de diversas prebendas.
Entre los militares existe descontento, porque observan un trato diferenciado entre el que reciben los soldados implicados en el caso Ayotzinapa y los beneficios que les ha significado colaborar a los delincuentes confesos, muchos de los cuales han alcanzado la libertad.
Esto se da en el contexto de la petición de la FGR para que el exprocurador Jesús Murillo Karam sea sentenciado a 80 años de presión, un exceso desde cualquier punto de vista y mucho más todavía, porque no existen pruebas en su contra que no sean, también, las de sujetos que sí participaron en noche violenta de Iguala y en la hoguera criminal de Cocula.
En efecto, la Fiscalía está jugando, de nueva cuenta, con fuego. Si bien ahora hay más solidez en los trabajos, esto no ha implicado que se establezca una distancia que permita valorar, con claridad, lo que se hizo bien en el pasado para aprovecharlo en el presente.
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Y no es lo mismo el estar emproblemado por omisiones que formar parte de quienes operativamente actuaron contra los estudiantes de Ayotzinapa, es decir, los policías municipales de Iguala que los secuestraron para entregarlos a células de sicarios de los Guerreros Unidos, quienes los mataron y desparecieron sus restos.
Más vale estar atentos al juicio contra los generales Hernández y Rodríguez, porque está lejos de ser un asunto rutinario y más bien se inscribe en las zonas brumosas que imperan en el nuevo tiempo mexicano.
