Ante las olas de violencia siempre surge la idea de pactar con el narcotráfico. Es una muy mala idea y además no es nada práctica.
Es importante no olvidar que el perfil de los grandes capos es de alta peligrosidad. No son personas a las que uno quisiera encontrase en el bar de un Sanborns. Son asesinos y muy despiadados.
Quien lo tenía muy claro era Juan Pablo de Tavira. En el proyecto de la prisión de Máxima Seguridad de Almoloya estableció que los delincuentes deberían convivir poco, pero que las áreas deberían estar delimitadas dentro de los de su mismo talante. Es decir, jefes de las drogas con jefes de las drogas. ¿Por qué? Porque de otro modo se reproduce de inmediato el vasallaje y se apoderan del control de las prisiones.
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En nuestro país hay múltiples organizaciones criminales, aunque dos son las predominantes: el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación.
¿Qué se podría acordar con ellos? ¿Qué reduzcan los ataques y las muertes? ¿Qué dejen atrás sus disputas? ¿A cambio de qué?
Las organizaciones del crimen organizado exigirían continuar con sus actividades delictivas. Ni siquiera la reglamentación menos estricta de las drogas sería un aliciente, porque su negocio ya se trasladó a la extorsión, en muy diversos niveles, y al tráfico de personas.
La violencia por disputas criminales solo se solucionaría, y de manera temporal, con el control territorial de la organización más poderosa. La pax narca. Hay regiones del país en las que se experimenta esta situación y el costo social es también muy elevado, porque los delincuentes no le hacen la vida fácil a nadie. Lo saben en Michoacán quienes vivieron bajo el yugo de los Caballeros Templarios.
La idea de los grandes barones de las drogas proporcionando seguridad, tranquilidad y hasta justicia, es una distorsión romántica de lo que en realidad ocurre y ocurrió.
Todos los grupos delincuenciales de alto perfil son y han sido muy violentos, aunque con matices entre ellos, por supuesto, porque pocos se igualan en brutalidad a los que hicieron Los Zetas en su momento, sembrado un verdadero terror ahí por donde pasaban.
Pero quizá lo más grave radicaría en que un acuerdo consistiría en renunciar, al menos en parte, al monopolio, legítimo, del uso de la fuerza y a la aspiración de construir una sociedad de derechos. Renunciar a la aplicación de la ley sería terrible.
El subsecretario de Gobernación, César Yánez y el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, fueron muy claros al señalar que no existe posibilidad alguna de negociar con delincuentes.
