La marcha del pasado 26 de febrero, como continuación de la que se realizó el 13 de noviembre, con la consigna el INE no se toca, tuvo otro lema: “Mi voto no se toca”. La idea central fue presionar a las entidades judiciales para que desaprueben lo que se conoce como el Plan B del presidente de la República, avalado por MORENA y sus partidos aliados.
Quienes acudieron a la marcha son opositores al actual gobierno desde distintas causas: miembros de la oposición, trabajadores de instituciones electorales que acudirán en defensa de su trabajo y, aparentemente, quienes tienen como preocupación nuestra democracia.
Quienes organizaron esta marcha, ¿qué tan preocupados estaban realmente por nuestra democracia? ¿Qué entienden por ella?
En sus argumentos ponen al INE como el garante de la democracia. Afirman que gracias a esta institución se ha dado el relevo de partidos en el gobierno, después de algo así como de 70 años de PRI en el poder.
No falta quienes afirman que el actual Poder Ejecutivo le debe su cargo al antes IFE (hoy INE) y lo que resaltan es que no ven como protagonistas de nuestra historia a los ciudadanos, sino sólo a una de sus instituciones.
Tengamos en cuenta que tan se toca al INE que antes fue el IFE. Los intereses del PAN, el PRI y el PRD centralizaron el Instituto por motivos propios. Intercambiaron sus ambiciones y pactaron dicho cambio. El entonces PRI mayoritario, por su afán de privatizar PEMEX; el PRD, en su ánimo de volver entidad federal la hoy Ciudad de México; y el PAN, por su deseo de alejar al Instituto del poder de los gobiernos estatales.
En realidad, nuestro instituto electoral ya se ha tocado en función de los intereses de los gobiernos anteriores. De hecho, dio lugar a que el actual secretario ejecutivo se reeligiera dos veces con el pretexto de que ahora era otra institución, y lo mismo hizo el actual presidente del Consejo Nacional, apresurando la votación antes de que llegaran nuevos consejeros…. ¿Legitimo? Tal vez. ¿Ético? Lo dudo.
A los que marcharon no les preocupó este atentado contra el federalismo. Su concepción democrática es centralista, tan centralista como la iniciativa de ley enviada por don Andrés Manuel López Obrador en su carácter de presidente de la República.
La pregunta que tengo y la extiendo a quienes me están leyendo es: ¿Qué tan sinceramente les preocupa la democracia a quienes marcharon este 26 de febrero, si cuando 500 diputados y diputadas decidieron que su voluntad está por encima de la de más de 90 millones que integran el padrón?
Decidieron que por ley debe haber el mismo número de mujeres y de hombres en los cargos de elección popular, cuando si hay algo sagrado e intocable en una democracia es la voluntad de las y los electores.
Desde luego que se debió legislar para que hombres y mujeres tuvieran las mismas oportunidades, haciendo ver las desventajas históricas, pero no rompiendo la autonomía de los afiliados y militantes de los partidos políticos para exigirles cuotas y hasta distritos electorales de postulación y de paso imponer a los electores cuotas que resultan ficticias.
Uno de los principios rectores de los procesos electorales es dar certitud de que el voto será contado y validado, pero cuando por fuerza tiene que dar mitad y mitad y no cuadra, ¿en dónde quedan los votos?
Si en el discurso de la oposición la democracia se concentra en una institución electoral, entonces la búsqueda de equidad social no cuenta como un acto democrático y se cierran los ojos ante la realidad de que en donde manda el capital, no gobiernan los electores.
Debo escribir que yo también estoy en contra de que se quiera prescindir del INE, pero a favor de cambios profundos en su interior. No avalo la intención de ahogarlo y voto a favor de que el INE vuelva a ser federal y de que se dialogue civilizadamente como corresponde a una democracia.
También lee: El humanismo, el nacionalismo y el vacío ideológico
De que se busque la manera de que sean menos onerosos los procesos electorales, de que se prescinda de las casas de gestión que tienen las y los diputados, porque su función es legislar no la gestión. Son 500 oficinas innecesarias, por dar un ejemplo. Lamento que el presidente guste más de la confrontación que del acuerdo, pero dudo, sinceramente dudo, que estas marchas tengan como objetivo que la voluntad de las y los ciudadanos esté presente en las políticas públicas.