La DEA tiene 11 oficinas en México. Desde ahí se realizan trabajos de inteligencia y se colabora en la detención de objetivos estratégicos, como Rafael Caro Quintero.
El despliegue de la agencia antidrogas en nuestro país refleja que van a insistir en la degradación y desmantelamiento de dos organizaciones a las que catalogan como amenaza: los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación.
Inclusive, se crearon equipos especiales que tienen esa misión y que están sujetos a métricas para corroborar el progreso de sus actividades. Saben que es un trabajo de largo plazo, pero quieren ir obteniendo resultados.
Las áreas de inteligencia en Estados Unidos sostienen que los narcotraficantes mexicanos tienen actividades en 40 países, un dato más que preocupante, porque mostraría que en los últimos años no han hecho sino fortalecerse y ello a pesar de las operaciones policiales.
La DEA hizo público el “Reporte de la DEA de operaciones en el extranjero”, un informe que se encargó a John C. “Jack” Lawn, quien administró la agencia entre 1985 y 1990, y a Boyd Johnson, un experimentado ex fiscal del Distrito Sur de Nueva York.
El documento es interesante, porque señala los problemas y las oportunidades que se enfrentarán en los próximos años.
Se ha dicho que es un análisis que queda a deber, pero hay que tomar en cuenta que es la primera vez, en los 50 años de la DEA, que se hace público un documento de esas características, y en el que se admite que existe corrupción.
Recuerdan a José Irizarry, un exagente sentenciado a 12 años de cárcel, porque utilizó nueve millones de dólares de presupuestos oficiales para darse una vida de rey, muy cercana a las rutinas y reflejos de los personajes a los que en teoría indagaba y tenía la obligación de combatir.
Uno de los ángulos centrales es el que se refiere a la colaboración que se tiene con otros países. Ahí recuerdan que es un tema delicado, porque hay regiones del mundo donde la capacidad corruptora del crimen organizado es elevada.
Por ello no es casual que se refieran al caso de Iván Reyes Arzate, un elemento de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, que trabajó de la mano con agentes de la propia DEA entre 2003 y 2016.
Arzate en realidad era un infiltrado de los delincuentes, a los que estuvo proporcionando información a lo largo de los años. En febrero de 2022 resultó condenado a 10 años de prisión.
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En realidad, la situación de Arzate es también la muestra de las debilidades en los sistemas de control y en la supervisión que requieren los agentes que se dedican al combate a las drogas y que están expuestos a la corrupción y a la cooptación.
En la DEA lo saben, y sostienen en que están empeñados en reducir los márgenes de malas conductas. Caminan en un terreno minado y lo saben, donde el informe que hicieron público es apenas una pequeña muestra de ello.
