Alejandra Cuevas y Laura Morán salieron de una de las espirales del infierno más inquietantes, la de la denegación de la justicia. Eso sufrieron desde que cambió el poder político en México y las autoridades ministeriales primero y judiciales después, se rindieron a los caprichos de Alejandro Gertz Manero.
Desde abril de 2016 las autoridades del ministerio público de la Ciudad de México habían desechado las argumentaciones de Gertz Manero en contra de esas dos mujeres, a quienes acusaba de la muerte de su hermano Federico.
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Años antes, en la Procuraduría de Justicia de la capital del país se hicieron las averiguaciones pertinentes, pero se concluyó por enviar el expediente al no ejercicio de la acción penal. Esto fue en abril de 2016. Gertz Manero se inconformó y se tomaron en cuenta sus objeciones para hacer una revisión del asunto. En octubre de ese año, los ministerios públicos concluyeron lo mismo, que no había elementos para llevar ante un juez a esas dos mujeres.
Ahí habrían quedado las historias, como muchas en los que los litigios son difíciles, porque se mezcla la pasión y sus conflictos personales.
Pero la llegada de Gertz Manero a la Fiscalía General de la República y de Ernestina Godoy a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, cambió todo.
En mayo de 2019 se ejercitó acción penal contra los ministerios públicos que habían llevado el caso y que no actuaron como quería una de las partes involucradas, la de Gertz Manero. Iniciaba una venganza, el despliegue del poder para castigar, más allá de cualquier elemento de legalidad.
En julio de ese año, se ejercitó acción penal en contra de Laura Moran y en octubre se giraron órdenes de captura contra ella y contra su hija, Alejandra Cuevas.
Aquí aparece otro elemento con el que se conforma toda una red de malas actuaciones, la complicidad del Poder Judicial. Ni Gertz Manero ni Ernestina Godoy hubieran podido confinar a una de las mujeres en prisión y mantener prófuga a otra, sin la complicidad de los jueces.
La juez Marcela Arrieta y el magistrado en funciones Octavio Ceballos lo saben, pero actuaron por consigna. Ahora no podrán evadir los desatinos en que incurrieron e inclusive uno de los más notorios, el admitir la invención de un delito, el de “garante accesoria” que no existe en el Código Penal.
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El tamaño del desastre quedó documentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, en la revisión de los amparos interpuestos por las víctimas de los fiscales, encontró toda una serie de errores y malas actuaciones de quienes tienen la obligación de procurar y de administrar justicia.
Inclusive, el ministro Luis González Alcántara Carrancá, se pronunció por que la Suprema Corte reconociera que Cuevas sufrió “una afectación injustificada por parte de los órganos del Estado a su derecho de libertad personal”.
Es decir, una víctima de violaciones graves a los derechos humanos y en la que están involucrados funcionarios de todos los niveles.
