En el servicio público existen cargos para administrar y cargos para incomodar. La Contraloría pertenece al segundo grupo. Su responsabilidad no es acompañar silenciosamente al gobierno, sino investigar, sustanciar procedimientos y exhibir las irregularidades que otros preferirían mantener ocultas.
Por eso, el paso de Jonnathan Pérez Ledezma por la Contraloría de Hidalgo merece algo más que una referencia curricular.
Según su propia versión, llegó al área de Responsabilidades desde el inicio del gobierno de Omar Fayad y permaneció ahí hasta el 15 de noviembre de 2020. Desde julio de 2018 trabajó dentro de la estructura encabezada por César Mora (aunque ahora subraya que nunca fue “gente” del entonces contralor) señalado por su participación en la red de corrupción denominada la “Estafa Siniestra”.
La precisión es válida: trabajar bajo las órdenes de un funcionario cuestionado no convierte automáticamente a nadie en cómplice. Pero tampoco borra las responsabilidades inherentes al cargo NI SUSTITUYE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR RESULTADOS.
Jonnathan sostiene que nunca manejó recursos públicos. Sin embargo, esa defensa evade el punto central: un director de Responsabilidades no es tesorero ni pagador. Su tarea comienza precisamente cuando existen indicios de que alguien más pudo manejar irregularmente el dinero.
La Contraloría es el área que interviene en la investigación de denuncias, la sustanciación de procedimientos, la resolución de faltas no graves y la remisión de las graves.
Por tanto, la pregunta no es cuánto dinero pasó por las manos de Jonnathan, sino CUÁNTOS EXPEDIENTES PASARON POR SU ESCRITORIO Y QUÉ OCURRIÓ CON ELLOS.
La pregunta cobra relevancia frente a los contratos otorgados por el sector salud de Hidalgo durante 2019 y 2020.
Una investigación de EMEEQUIS documentó 56 contratos, por 327.86 millones de pesos, entregados por los gobiernos de Omar Fayad en Hidalgo y Rutilio Escandón en Chiapas a empresas, socios y ejecutivos vinculados corporativamente con Justo Aurelio Rivera Parrazales.
Rivera Parrazales, apodado por algunos medios como “el señor de los Lamborghinis”, fue detenido durante cuatro cateos federales realizados en Mérida en julio de 2026.
Las autoridades lo identificaron oficialmente como presunto operador logístico y financiero del Cártel del Noreste y La Barredora. En el operativo fueron asegurados 15 vehículos de alta gama y bienes valuados en aproximadamente 145 millones de pesos, según la información publicada por EL PAÍS.
La detención del Señor de los Lamborghinis obliga a preguntar qué controles existieron frente a la concentración de contratos, los vínculos entre proveedores y las adjudicaciones realizadas en un sector tan sensible como Salud.
¿La Contraloría recibió alguna denuncia o alerta? ¿Se abrieron investigaciones? ¿Hubo informes de presunta responsabilidad administrativa? ¿Se archivaron expedientes? ¿Se remitieron faltas graves al Tribunal de Justicia Administrativa?
Si todo fue revisado y declarado legal, que se exhiban los expedientes. Si nunca se investigó, que se explique por qué. Y si el área de Jonnathan Pérez Ledezma no recibió información, que diga públicamente quién debía entregársela.
El caso de Jessica Blancas y Banco Accendo también retrata el fracaso del sistema de vigilancia del sexenio de Fayad.
La exsecretaria de Finanzas y otros funcionarios fueron inhabilitados en 2026 por decisiones relacionadas con más de 860 millones de pesos que “desaparecieron” sin que hubiera mayores sanciones que una simple inhabilitación (ya con los bolsillo retacados) de los exfuncionarios.
Esos casos exhiben las debilidades generales del aparato de control de aquella administración de la que Jonnathan Pérez Ledezma formó parte, particularmente respecto a los contratos otorgados por el Gobierno de Fayad a personajes de la delincuencia organizada entre 2019 y 2020, así como a la ausencia de resultados públicos conocidos a su labor.
Y el caso viene a cuento ahora que en julio de 2026, el Congreso de Hidalgo tuvo la ocurrencia de designarlo (por dedazo o instrucciones de la superioridad) como titular del Órgano Interno de Control del TEEH.
Poco más de un mes después renunció, alegando que le negaban información (pobresito, ahora sí quería hacer su trabajo). La Sala Superior terminó desechando la impugnación contra su nombramiento porque su salida dejó el asunto sin materia, no porque hubiera emitido una resolución de fondo.
Resulta paradójico que quien hoy denuncia que no pudo vigilar por falta de información todavía debe explicar qué logró vigilar durante sus años en la Contraloría estatal
Artículo relacionado: AMLO, el cártel de las cuatro letras
El problema no es que se haya demostrado que Jonnathan Pérez robó. El problema es que, hasta ahora, tampoco se ha demostrado públicamente qué corrigió.
Y en una Contraloría, cuando los expedientes, las sanciones y los resultados no aparecen, el silencio también debe rendir cuentas.