Esta semana concluirán los alegatos en el juicio contra Genaro García Luna. La estrategia de la defensa del exsecretario de Seguridad Pública planteará la prescripción de los delitos.
La clave, para el equipo de César de Castro, es que no se pueda probar que existieron contractos de su cliente con integrantes del cártel de Sinaloa después de 2011. No renuncian con ello al alegato de inocencia, pero actúan en términos pragmáticos. Esta línea la dio a conocer el periodista de La Opinión de Los Ángeles, Jesús García.
Hasta ahora, este planteamiento le funcionó al equipo de defensores, ya que los testimonios son de hechos que, de ser ciertos, habrían ocurrido en 2008. Pero falta un testigo de cargo, quien podría señalar que sobornó a García Luna.
Si nos atenemos a lo que ocurrió en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, es probable que se llame al estrado de Reynaldo Zambada, “El Rey” o quizá a Edgar Valdés “La Barbie”, quienes sí pueden señalar de modo directo al exjefe policial, insisto, más allá de que lo que digan sea verdad.
Puede resultar impresionante que alguno de estos capos señale al acusado. Son esos momentos que tienen algo de puesta en escena y que apelan a los sentimientos de los jurados, los que, por lo demás, deben tener una opinión nada edificante sobre las autoridades mexicanas, de antes y de ahora.
Pero inclusive, por cuestiones de temporalidad, estos últimos testimonios, podrían entrar en el rango de la prescripción de las conductas ilícitas. Es por ello por lo que la fiscalía y defensa batallan para que se hable de la riqueza del exfuncionario, o para que ese aspecto no sea tocado en el juicio.
Por eso De Castro no ha decidido aún sobre la pertinencia de que García Luna cuente su historia. Sería interesante escucharlo, por supuesto, porque al final del día es quien puede dar muchas explicaciones sobre las acusaciones en su contra.
Es la lucha de las percepciones para influir en los jurados quienes, en unos días, tendrán que iniciar su deliberación y determinar, más allá de la duda razonable, la culpabilidad o la inocencia del acusado.
En México, es evidente, dependiendo de cómo se mueva el péndulo de la justicia, el asunto tendrá dividendos políticos para algunos.
En Palacio Nacional están más que interesados en que García Luna sea sentenciado, porque ello abonará a la narrativa sobre la supuesta pudrición de las áreas de seguridad en el pasado. Es un planteamiento superficial, que no resiste un análisis serio, pero será bastante funcional en términos políticos.
La estrategia está en marcha y uno de sus aspectos es la información sobre contratos de las empresas de García Luna con la administración de Enrique Peña Nieto y con algunos estados de la República. Hasta el momento no se conocen indagatorias que indiquen que se cometieron delitos, pero de todas formas sirve para sostener la narrativa planteada.
De ahí que se haya puesto la lupa en Luis Cárdenas Palomino, en el descongelamiento de sus cuentas bancarías y en la supuesta colusión de jueces para favorecer al ex mando de la Policía Federal, cuando lo que se revela es la mala integración de las indagatorias.
A ello se suma la insistencia en el caso de Rápido y Furioso, que en la FGR siguen dándole la vuelta, a sabiendas de que ya se investigó en su momento.
Nada de esto forma parte del juicio que se sigue en Nueva York, pero se ajusta a los requerimientos de una narrativa que pretende utilidad mediática y no necesariamente triunfos en los tribunales.
Es, en términos llanos, la preparación para cuando baje el telón en Brooklyn, donde hay que irse adaptando a cualquiera de los escenarios posibles y donde inclusive la absolución puede ser categorizada como una afrenta de los Estados Unidos contra nuestro país. Este enfoque ya se viene alimentando, al sembrar dudas sobre la actuación de la fiscalía, los testigos que ya no fueron llamados y la temporalidad misma del juicio.
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La inocencia de García Luna, en cambio, puede servir al entorno del expresidente Felipe Calderón, para despresurizar acusaciones en su contra, las que no se sustentan en prueba alguna, pero que funcionan en la medida en que uno de los funcionarios más relevantes de su gobierno se encuentre en prisión.