Una mezcla de negligencia y cálculo político hizo que la PGR no actuará contra José Luis Abarca, el alcalde de Iguala, cuando pudieron hacerlo desde al menos un año antes de ocurriera la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El homicidio de Arturo Hernández Cardona era la oportunidad de hacer algo respecto. El líder de la Unidad Popular Igualenese (UPI) fue secuestrado el 30 de mayo y su cadáver encontrado el 3 de junio de 2013. El responsable directo de esos hechos era el propio alcalde, quien disparó en dos ocasiones al líder social.
El 12 de junio de ese mismo año, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGEG) remitió a la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR varios tomos de la averiguación previa sobre el homicidio de Hernández Cardona.
Casi un año después, el 24 de abril, la representación social del fuero común también entregó a su contraparte federal, una indagatoria sobre integrantes de la organización criminal de los Guerreros Unidos.
En ambas carpetas había ya datos más que suficientes para proceder contra el alcalde de Iguala.
En la FGEG y en el gobierno estatal existía preocupación por las demoras en proceder contra Abarca.
El propio gobernador, Ángel Aguirre, tuvo una conversación telefónica con el procurador Jesús Murillo Karam para solicitarle apoyo en lo referente a la detención del alcalde de Iguala, quién, por lo demás, era un objetivo delincuencial prioritario para el CISEN.
El fiscal guerrense, Iñaki Blanco, hizo lo propio, al conversar con los subprocuradores Mariana Benítez y Rodrigo Archundia, jurídica y de combate a la delincuencia, respectivamente.
De aquellas pláticas se especificó que el encargado del tema Abarca, sería el titular de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, Gualberto Ramírez. Las cosas, como ahora es evidente, no avanzaron.
Es más, en abril de 2014, la PGR detuvo al expresidente municipal de Cuetzala del Progreso por vínculos con el narcotráfico, y de las actuaciones respectivas surgieron datos que apuntaban también contra el propio alcalde de Iguala.
El 6 de agosto, en la reunión de Grupo de Coordinación Guerrero, donde se evaluaban las estrategias de seguridad y que encabezaba el CISEN, se presentó el documento “Objetivos de Atención Especial” y en el rubro de objetivos relacionados con autoridades se incluye al propio Abarca y se señala su relación con los Guerreros Unidos.
Un dato interesante es que a esos encuentros acudían representantes de la propia PGR, de las instancias estatales, pero también de la Policía Federal, el Ejército y la Marina Armada.
Inclusive, dos días antes de los hechos de Iguala, en los que seis personas serían asesinadas, 25 heridas y 43 desaparecidas, el titular de la Unidad Antisecuestros le señaló al fiscal Blanco, que estaba por detener a Abarca. Esta información consta en las declaraciones ministeriales respectivas.
Las evidencias indican que existían los elementos para proceder contra el alcalde de Iguala y que se pudo hacer antes de la noche terrible y la madrugada de espanto del 26 y 27 de septiembre.
Todavía, en las horas y días posteriores a los hechos, en el CISEN y en la PGR siguieron demorando la posibilidad de la captura, ya que creían que lo ocurrido eran “simples homicidios”. Una falla de análisis que propició que el presidente Enrique Peña Nieto no actuara con la oportunidad debida.
Entre la desidia de las autoridades federales, se colaba el pretexto del calendario político, donde se apostaba por hacer la captura en el momento en que mayor utilidad electoral significara.
El objetivo era secar al PRD del gobierno estatal, pero se cometió un descuido mayor al no actuar contra individuos capaces de hacer mucho daño a la sociedad.
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Por eso le dieron largas a las peticiones del fiscal Blanco, quien proporcionó los elementos necesarios para que se capturara a Abarca, cuyos probables delitos se relacionaban también con el crimen organizado.
En la PGR siempre pidieron tiempo, argumentado que un juicio de procedencia para quietarle el fuero alertaría a Abarca y a sus cómplices.
Y sí, el asesinado de Hernández Cardona debió ser una especie de cortafuego, que habría ahorrado otros cientos de muertes y una crisis social que aún no termina.
