Morena tiene planeado reducir el presupuesto del Poder Judicial entre 15 mil y 25 mil millones de pesos. El año pasado, en el Presupuesto de Egresos se estipuló que los recursos, para ejercerse en 2024, serían de 78 mil 544 millones de pesos. En esa ocasión el recorte fue de mil 425 millones de pesos. Pero lo que viene es un hachazo.
Pero lo que está por ocurrir es una especie de sitio al Poder Judicial, de cerco presupuestario para ir ablandado lo que hay que ablandar.
Ignacio Mier, el líder de Morena en San Lázaro, sostiene que hay gastos superfluos y que por ello aplicarán un tijeretazo de proporciones mayores y de consecuencias seguramente devastadoras.
Quizá quieren emular a lo que ya ocurre en el Poder Judicial de la Ciudad de México, donde hay juzgados en los que no alcanza ni para el papel de baño, los funcionarios se encuentran saturados de trabajo y ante responsabilidades que no pueden cumplir con la presteza debida.
Basta darse una vuelta por instalaciones y oficinas para observar las condiciones degradantes en las que tienen que laborar.
Pero el anuncio que hizo el diputado Mier es grave, porque sí puede lograr su cometido, cuenta con los votos suficientes para ello, ya que seguramente lo ayudarán sus aliados del PVEM y el PT.
El pretexto es la ley de austeridad, pero ante lo que estamos es frente a un intento, uno más, de vulnerar nada menos que al poder que se encarga de la administración de la justicia y que es un pilar del orden democrático.
Por ejemplo, se acusa los jueces de tener escoltas y camionetas blindadas. Se omite especificar el contexto en que obtienen protección y que en la mayoría de las ocasiones tiene que ver por los asuntos de los que se ocupan y entre ellos los de sentenciar integrantes de bandas del crimen organizado.
Por lo demás, la mayoría de los juzgadores no cuentan con protección adicional a la que existe de modo institucional en sus centros de trabajo.
Mier sostiene que “la era de los privilegios se acabó, la prioridad de la 4T es el combate a la pobreza, y los resultados están a la vista: nueve millones de pobres menos en el país gracias a la política de austeridad”.
Esto es al menos dudoso, porque lo que también encontraron las mediciones del Coneval es que 50. 4 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud y que la pobreza extrema tuvo un aumento de 8.7 millones a 9.1 millones. Es decir, durante el actual gobierno pasó del 7% en 2018 a 7.1% en 2022.
Siempre se puede dar un uso más adecuado a los recursos públicos, y ello lo viene haciendo el Poder Judicial desde hacer ya varios años. Todas son cuentas son auditas y auditables.
Nada bueno surgirá del ahogo presupuestario, de dinamitar condiciones de trabajo que solo derivarán en debilidades institucionales. Pero a estas alturas hay muchos elementos para sostener que eso es lo que se pretende.
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Morena no cuenta con la fuerza legislativa para hacer cambios constitucionales, porque así lo decidió la ciudadanía, pero utiliza otros recursos y entre ellos los del mayoriteo, que, en el Presupuesto, como ya se señaló, sí pueden fructificarles.
En resumen, saben que no pueden terminar con la autonomía de los jueces, al menos por el momento, pero darán los pasos que sean necesarios para complicarles el trabajo.
