Aunque existen pruebas suficientes, claramente documentadas, de que en 2006 hubo un fraude electoral para imponer al panista Felipe Calderón y de que, en 2012, cuando ganó la presidencia Enrique Peña Nieto, lo hizo rebasando los topes de gastos de campaña y comprando votos, el INE, con todos sus consejeros, prefiere ignorar estos hechos y seguir adelante con su presunta “democracia”.
Son acontecimientos que muestran a un INE faccioso que necesita ser modificado para garantizar que en las próximas elecciones existan procesos verdaderamente democráticos y que atiendan la voluntad de la gente. Hasta ahora, la elección de consejeros ha obedecido a cuotas partidarias y a ciertos grupos del poder político y económico.
Por todo esto es que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso hace unos días la Reforma Electoral en la que, entre otras cosas, propone la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que estará encargado de organizar todos los procesos electorales del país, federales y locales, así como la disminución, de once a siete, del número de consejeros, y que estos sean elegidos por los ciudadanos y no por los partidos políticos.
Dicha reforma electoral requiere de mayoría calificada en ambas cámaras y la oposición, conformada por la alianza Va por México (PRI, PAN, PRD y MC) ya adelantó que no va a aprobarla.
Derroche sin freno
Otro tema es lo oneroso que resulta el INE. Para 2022 recibió un presupuesto de 20 mil millones de pesos, de los cuales 10 mil son destinados al financiamiento de los partidos políticos; con todo y eso, esa asignación de recursos, que de hecho ya tuvo una reducción, es la más alta de todo el mundo.
Los defensores de tal derroche, sostienen que el costo de garantizar el voto y organizar elecciones no puede cuantificarse, que el INE cuesta “lo que tenga que costar”, pero es obvio que son versiones no aterrizadas a la realidad y pecan de ingenuidad. En la actualidad, los 11 consejeros del instituto fueron elegidos por los partidos políticos por medio de cuotas, lo que ya dificulta la existencia de una institución de verdad autónoma.
En 2003, el poder legislativo eligió a Luis Carlos Ugalde como presidente del Consejo General del IFE, con miras a las elecciones de Cámaras y presidente de la República en 2006. Ugalde permitió la intervención (admitida por él mismo) del presidente Vicente Fox y una campaña mediática del Consejo Coordinador Empresarial, en contra del entonces candidato, Andrés Manuel López Obrador.
Ugalde se adelantó incluso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al declarar vencedor a Felipe Calderón con 15 millones 284 votos (35.89 %), contra 14 millones 756 mil 350 (35.31 %) de Obrador. “La regla de oro de la democracia establece que gana el candidato que tenga más votos”, obviaba Ugalde, ante un triunfo de 0.56 % que debió motivar un conteo de votos, al que el entonces funcionario se negó.
Son algunos de los antecedentes del INE que, en todo caso, demuestran a una entidad que deja mucho que desear y a la que le confieren el título de árbitro y guardián electoral, cuando en la mayoría de los países dichos organismos sólo organizan elecciones y cuentan votos y ni siquiera son figuras reconocidas.
En México, en cambio, se convierten en luminarias mediáticas capaces de amonestar incluso a López Obrador y exigirle que omita alusiones hechas en sus comunicados. Llegan incluso a controlar presupuestos y crear una burocracia con sueldos mayores al que percibe el propio presidente.
Una reforma muy necesaria
Protagonismo en personajes con una simple función de técnicos, manejo político del instituto como ariete de los partidos de derecha y un sin número de irregularidades de las cuales existe plena evidencia, ha motivado a quienes apoyan esta reforma en hacer una reflexión seria de las fortalezas y debilidades no sólo del INE, sino del actual sistema electoral.
Pero es ilógico establecer un debate al respecto cuando personajes con un pasado tan turbio como Ugalde, o José Woldenberg, acusado de permitir la venta del padrón electoral por 250 millones de dólares a la empresa Choice Point, son las voces imperantes y consultadas; junto a Lorenzo Córdova, actual presidente del INE, que tiene un historial de rispidez contra López Obrador, con loque demuestra que no existe la imparcialidad del árbitro.
¿Qué ha expresado repetidamente la oposición? “Se busca desaparecer al INE”, “regresar a México al sistema de los años 70” o como dijo Córdova en una ponencia: “Una reforma tiene que hacerse con la suma de muchas cabezas, no de muchos hígados”. Se busca instaurar una narrativa: “Yo defiendo al INE”, sin admitir que este requiere ser examinado rigurosamente.
“Es mentira lo que dicen, está descartada la desaparición del INE, porque se requiere un organismo para la organización de las elecciones, eso es imprescindible en cualquier país del mundo. Lo que hay que buscar es que sea un organismo profesional, imparcial, recto, incorruptible, no sometido al poder, al servicio de los ciudadanos, completamente democrático”, aclaró López Obrador en una de sus conferencias mañaneras.
Se trata de una disputa política con dos posturas y en medio algo tremendamente necesario para el futuro de la democracia en México: reconstruir una institución que hasta el día de hoy ha sido cínicamente parcial.
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Los puntos más importantes de la propuesta de AMLO
- Crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que será la encargada de organizar todos los procesos electorales del país, federales y locales.
- Desaparecer los 32 Organismos Públicos Locales Electorales, así como los Tribunales Electorales Locales.
- Reducir de 11 a 7 el número de consejeros del INE, y que éstos y los magistrados del TEPJF sean electos por voto popular.
- Eliminar las diputaciones plurinominales y reducir a los legisladores federales y locales, para que al final sean sólo 300 diputados y 96 senadores.
- Limitar el financiamiento de los partidos políticos sólo a gastos de campaña electoral y eliminar el financiamiento público ordinario.
- Reducir los tiempos en Radio y Televisión en materia electoral, suprimiendo los tiempos fiscales.
- Reducir al 33 % de participación ciudadana para que la Revocación de Mandato sea vinculante.
- Implementar el voto electrónico.