Con el respaldo de 25 congresos estatales, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró constitucionalmente válida la nueva reforma al Poder Judicial, un cambio que, lejos de cerrar el debate sobre la impartición de justicia en México, ha generado nuevas críticas por la concentración de decisiones políticas en el proceso de selección de juzgadores y por abrir la puerta a la permanencia de magistrados electorales en sus cargos.
La modificación establece que la segunda fase de la elección de jueces, magistrados y ministros federales y estatales se llevará a cabo en junio de 2028, manteniendo además el polémico mecanismo de insaculación o “tómbola” para depurar las listas de aspirantes que serán propuestas por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es que permite la reelección de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Mónica Soto y Reyes Rodríguez, quienes podrían extender su permanencia por cinco años adicionales, alcanzando hasta 18 años en el máximo órgano jurisdiccional electoral del país.
Especialistas han advertido que esta disposición contradice el discurso oficial de renovación institucional que impulsó la reforma judicial, pues en lugar de promover nuevos perfiles, posibilita la continuidad de funcionarios que han sido protagonistas de algunas de las decisiones electorales más polémicas de los últimos años.
La reforma también recupera la estructura de salas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ahora denominadas “secciones”, y crea una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los tres comités de selección de candidatos, uno por cada poder de la Unión.
Aunque el gobierno federal sostiene que esta instancia permitirá homologar criterios de evaluación y garantizar perfiles con conocimientos técnicos, honestidad y trayectoria profesional, críticos señalan que el nuevo modelo podría incrementar la influencia política en la designación de juzgadores al centralizar los mecanismos de evaluación y selección.
La Comisión Coordinadora será responsable de verificar requisitos constitucionales, definir metodologías de evaluación, aplicar exámenes de conocimiento y emitir acuerdos para regular el trabajo de los comités de selección. Sin embargo, organizaciones civiles y juristas han cuestionado que la reforma siga privilegiando procedimientos sujetos a decisiones políticas y no a concursos de oposición plenamente independientes.
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Con la declaratoria de validez constitucional, el gobierno en turno consolida uno de los cambios más profundos al sistema judicial mexicano en décadas. No obstante, las dudas sobre la autonomía de los futuros juzgadores, la permanencia prolongada de magistrados electorales y la utilización de sorteos para definir candidaturas mantienen abierto un debate que podría acompañar al país hasta la elección judicial de 2028.
