Con la idea de depurar la seguridad pública del país, en marzo de 2019 nació la Guardia Nacional (en sustitución de la Policía Federal), un organismo con mando civil que actúa bajo cuatro principios esenciales: respeto a los derechos humanos, apego a la ley, perspectiva de género y ética.
Era indispensable cambiar la perspectiva militar por una humanista, luego de que la fallida guerra contra el narcotráfico, impulsada por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto, dejara entre 2006 y 2018 más de 300 mil personas asesinadas y alrededor de 70 mil desaparecidas.
Una fallida guerra que también fue falsa, ya que la seguridad pública del país actuaba en plena complicidad con el crimen organizado, que se extendió como nunca antes.
El cambio de paradigma vino con la Guardia Nacional, una “institución del pueblo y para el pueblo”, tal y como la ha calificado López Obrador. Está integrada por alrededor de 50 mil elementos civiles (hombres y mujeres), que han sido reclutados en todo el país y capacitados para realizar sus labores a favor de la paz y la seguridad de la población.
También la conforman miembros de las policías Federal, Militar y Naval, quienes realizan, bajo fiscalización y de manera excepcional (sólo por cinco años), tareas de seguridad pública. Bajo esta perspectiva social, colaboran además con la construcción de las grandes obras del sexenio y con las labores que se realizan por la pandemia de Covid-19, por mencionar sólo dos casos.
Con el objetivo de que la GN tenga presencia en todo el territorio nacional, incluyendo los pueblos más alejados, el gobierno construye 500 cuarteles, de los cuales ya se entregaron 180.
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Para darle certeza operativa y administrativa a la Guardia Nacional, López Obrador ha propuesto que pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Justo este el punto medular de la reforma que presentará al Congreso en 2023, y de la cual no se han dado más detalles.
