La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, exigió al Gobierno de Claudia Sheinbaum transparentar el estatus real de las más de 4 mil canchas prometidas dentro del proyecto Mundial Social México 2026, al señalar que existe incertidumbre pública sobre su ubicación y avance.
Luego de que el Gabinete de Seguridad presentó un informe sobre la estrategia de atención a las causas de la violencia, la legisladora del Partido Acción Nacional sostuvo que fomentar el deporte es una herramienta clave para prevenir la inseguridad, pero advirtió que las obras anunciadas deben rendir cuentas.
Recordó que en noviembre de 2025 el Gobierno federal informó sobre la construcción y rehabilitación de 4 mil 200 canchas como parte del legado social rumbo al Mundial 2026; sin embargo, aseguró que actualmente hay reclamos sobre la falta de claridad en torno a esos espacios.
Les muestro algunas de las más de 4,000 canchas que hicimos junto con estados y municipios. Nuestro deseo es que el futbol no solo sea un Mundial sino que deje un legado para todas y todos los que aman este deporte, en especial las y los niños. pic.twitter.com/3aaCXOCVXr
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 5, 2026
La diputada demandó que las autoridades detallen dónde se ubican las canchas, cuántas ya fueron concluidas, cuáles siguen en proceso y cuántas continúan pendientes.
“Es importante que el Gobierno Federal informe con precisión dónde están las canchas prometidas y cuál es su avance real”, subrayó.
López Rabadán afirmó que la transparencia fortalece a las instituciones y da certeza a la ciudadanía sobre el cumplimiento de los compromisos públicos.
En otro tema, la legisladora también pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum aclarar el proceso jurídico sobre la solicitud de detención con fines de extradición promovida por Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Nota relacionada: Desde el G7, Donald Trump insiste en que México está bajo control del narco (VIDEO)
La panista consideró que México debe priorizar sus propios mecanismos legales para investigar y sancionar posibles vínculos entre funcionarios y el crimen organizado, sin depender de procesos impulsados desde el extranjero.
