La promesa de acabar con el robo de combustibles terminó convertida en uno de los mayores símbolos de contradicción del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Mientras el gobierno federal presumía haber “borrado prácticamente todo el huachicol”, una compleja red de contrabando de combustibles crecía silenciosamente dentro del país, presuntamente alimentada por complicidades entre funcionarios públicos y operadores privados.
El fenómeno coincidió con el debilitamiento financiero y operativo de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuya caída en ventas y producción se aceleró al mismo tiempo que el llamado “huachicol fiscal” comenzaba a ganar terreno en puertos, aduanas y rutas de distribución.
La contradicción golpea directamente el discurso oficial. El gobierno de la llamada Cuarta Transformación construyó buena parte de su narrativa energética alrededor del combate frontal al robo de combustibles. El cierre de ductos, la militarización de instalaciones estratégicas y el despliegue de fuerzas federales fueron presentados como medidas históricas para terminar con el saqueo de Pemex.
Sin embargo, detrás del discurso, el contrabando evolucionó.
El nuevo huachicol: menos ductos, más corrupción
En 2022, el gobierno transfirió a las Fuerzas Armadas el control de las aduanas mexicanas bajo la promesa de cerrar las puertas al tráfico ilegal de combustibles. La medida fue vendida como una solución definitiva contra las redes criminales que durante años ordeñaron ductos y desviaron millones de litros de gasolina y diésel.
Pero lejos de desaparecer, el negocio simplemente cambió de rostro.
El huachicol tradicional comenzó a transformarse en huachicol fiscal: combustible importado ilegalmente, subvaluado, mal etiquetado o ingresado al país mediante esquemas de evasión fiscal y corrupción aduanera.
La nueva red ya no dependía únicamente de perforar ductos clandestinos. Ahora requería operadores logísticos, permisos, documentos alterados y presuntas complicidades dentro de estructuras gubernamentales encargadas precisamente de combatir el delito.
La militarización de las aduanas no logró frenar el problema. Por el contrario, críticos del sector energético señalan que la opacidad aumentó y que la concentración de poder redujo todavía más los mecanismos de supervisión y transparencia.
Pemex pierde terreno mientras crece el mercado ilegal
El impacto para Pemex ha sido devastador. Mientras la paraestatal enfrenta una deuda multimillonaria, caída en producción y crisis financiera, el mercado ilegal de combustibles continúa absorbiendo parte importante del consumo nacional.
Cada litro de combustible de contrabando representa pérdidas fiscales para el gobierno y menos ingresos para una petrolera que ya opera bajo enorme presión financiera.
La situación expone una paradoja incómoda: el gobierno declaró una guerra frontal contra el huachicol, pero durante ese mismo periodo floreció una estructura de contrabando más sofisticada, con mayores alcances económicos y posibles vínculos políticos.
El deterioro de Pemex ya no puede explicarse solamente por factores internacionales o problemas operativos. También está ligado a un mercado negro que sigue creciendo mientras las instituciones muestran incapacidad —o falta de voluntad— para frenarlo.
El fracaso del discurso oficial
La frase de Andrés Manuel López Obrador asegurando que el huachicol prácticamente había desaparecido hoy enfrenta cuestionamientos cada vez más severos.
Porque mientras el discurso presidencial hablaba de combate a la corrupción, las redes de contrabando se fortalecían bajo nuevos mecanismos. Y mientras Pemex se debilitaba, miles de millones de pesos seguían escapando a través de esquemas ilegales de importación y distribución de combustibles.
El problema deja al descubierto una realidad incómoda para la llamada Cuarta Transformación: la militarización y el control centralizado no garantizaron transparencia ni resultados efectivos.
Por el contrario, especialistas advierten que el combate al huachicol terminó atrapado entre improvisación, opacidad y posibles redes de protección política que continúan bajo investigación.
Hoy, con Pemex debilitado, endeudado y bajo presión financiera, el crecimiento del huachicol fiscal representa no solo un golpe económico, sino también uno de los mayores fracasos del modelo energético que prometía rescatar la soberanía nacional y erradicar la corrupción.
Finalmente cabe mencionar que la gran solución de emergencia contra el huachicol y el desabasto de combustible, hoy se consolida como el monumento a la improvisación. Siete años después, la compra de las llamadas “pipas del bienestar” ejemplifica una de las crisis operativas y de transparencia más profundas en la historia de Petróleos Mexicanos (Pemex), atrapada entre deudas históricas, caída en la producción y nuevas modalidades de contrabando.
La adquisición en Estados Unidos de 671 autotanques por 92 millones de dólares se justificó bajo una supuesta «emergencia nacional» tras el cierre de ductos. Sin embargo, el proceso estuvo plagado de irregularidades.
Hoy en día, el destino de la flota es un misterio. Mientras exfuncionarios afirman que siguen bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), otros denuncian que las unidades yacen abandonadas o en mantenimientos masivos sin programar. Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que parte de los autotanques siguen en manos de la Sedena y prometió que serán transferidos nuevamente a Pemex, evidenciando el desorden administrativo.
Huachicol en México
El término huachicol se refiere al robo y venta ilegal de combustibles, principalmente gasolina y diésel, sustraídos de los ductos de PEMEX, la empresa estatal mexicana. Este fenómeno se ha convertido en un problema económico, social y de seguridad nacional.
Impacto económico
- Pérdidas millonarias: Cada año, PEMEX pierde miles de millones de pesos por el robo de combustible.
- Afectación al consumidor: El costo del huachicol repercute en los precios de la gasolina y en los impuestos que pagan los ciudadanos.
- Competencia desleal: Las redes de huachicoleros venden combustible más barato, afectando a las gasolineras legales.
Impacto social y de seguridad
- Riesgos mortales: Las tomas clandestinas han provocado explosiones trágicas, como la de Tlahuelilpan en 2019.
- Crimen organizado: El huachicol financia grupos delictivos y fomenta la corrupción local.
- Daño ambiental: Las fugas contaminan suelos y cuerpos de agua, afectando comunidades enteras.
Zonas más afectadas por el huachicol
Las regiones con mayor incidencia de tomas clandestinas se concentran en el centro y norte del país:
| Estado | Características principales | Nivel de incidencia |
|---|---|---|
| Hidalgo | Alta densidad de ductos y comunidades rurales cercanas a refinerías. | Muy alto |
| Puebla | Actividad de grupos organizados y rutas hacia CDMX. | Alto |
| Estado de México | Conexión con redes de distribución ilegal. | Alto |
| Guanajuato | Presencia de bandas criminales vinculadas al robo de combustible. | Medio |
| Veracruz | Ductos costeros y acceso a puertos estratégicos. | Medio |
