El Gobierno de México lamentó la decisión tomada por el juez federal de Texas, la cual dictamina que el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) violó la ley estadunidense cuando se creó y no recibirá nuevas aplicaciones.
El jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en su cuenta oficial de Twitter expresó:
«Con pleno respeto a los asuntos internos de Estados Unidos, el Gobierno de México lamenta la decisión de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, sobre el programa DACA».
Los permisos para los más de 600,000 jóvenes soñadoras y soñadores inscritos permanecen vigentes. El Gobierno de 🇲🇽, a través de la red consular y la @EmbamexEUA, continuará brindando protección y asistencia consular a las personas mexicanas beneficiarias de DACA.
— Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) July 16, 2021
En el mensaje, el funcionario aclaró que los permisos para los más de seis cientos mil jóvenes soñadoras y soñadores inscritos permanecen vigentes.
Y abundó que el Gobierno mexicano, a través de la red consular y la Embajada de Estados Unidos, continuará brindando protección y asistencia consular a las personas mexicanas beneficiarias de DACA.
El juez federal de Texas falló que el programa DACA, que impide las deportaciones de algunos inmigrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños es ilegal; esto pone nuevamente presión sobre el presidente Joe Biden y sobre los legisladores demócratas que ahora controlan el Congreso para que impulsen un proyecto de ley que proteja a los “dreamers”.
En su conclusión, el juez Andrew Hanen dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) violó una ley administrativa con la creación de DACA en 2012 y prohibió conceder nuevos permisos bajo este marco.
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A pesar del fallo, Hanen dejó claro que su decisión no requiere que el gobierno Joe Biden tome «ninguna acción de deportación o criminal en contra de los beneficiarios de DACA», y permitirá que se renueven los actuales amparos migratorios, que dan un permiso temporal de residencia y trabajo para sus beneficiarios.
