La entrega voluntaria de Marco Antonio Almanza Avilés a las autoridades de Estados Unidos apenas días después de rechazar públicamente cualquier vínculo con el narcotráfico ha colocado nuevamente bajo escrutinio a las instituciones de seguridad y procuración de justicia de Sinaloa.
Almanza Avilés, quien durante más de tres décadas desarrolló una carrera dentro de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) y llegó a ocupar el cargo de comisionado general de la corporación, acudió el pasado martes a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán para atender un citatorio relacionado con las investigaciones que autoridades estadounidenses siguen contra funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos nexos con organizaciones criminales.
Marco Antonio Almanza Aviles hace unos días decía que no se iba a entregar a USA. Decía que “le iban a poner un guión e ibas a decir esto”, ahora se fue a entregar voluntariamente a allá.
A Almanza lo acusa USA de recibir sobornos de “los Chapitos” de manera mensual pic.twitter.com/zcUV4Bwv6I
— Jorge García Orozco (@jorgegogdl) May 30, 2026
En aquella comparecencia, el exmando policiaco defendió su trayectoria profesional y aseguró que no tenía motivos para entregarse a las autoridades norteamericanas ni para convertirse en testigo protegido.
“No tengo por qué irme a entregar”, declaró ante medios de comunicación, al tiempo que sostuvo que durante sus más de 31 años de servicio actuó con rectitud y apego a la legalidad.
Incluso afirmó sentirse sorprendido por las acusaciones en su contra, argumentando que a lo largo de su carrera jamás enfrentó cuestionamientos formales sobre su desempeño. “Si vuelvo a nacer, vuelvo a ser policía”, expresó al reivindicar una trayectoria que aseguró estuvo dedicada a la búsqueda de la verdad.
Sin embargo, la posterior decisión de entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses ha generado interrogantes sobre el alcance de las investigaciones y sobre la información que poseen los organismos de justicia de aquel país respecto de presuntas redes de protección al narcotráfico dentro de corporaciones de seguridad mexicanas.
El caso adquiere una dimensión particularmente delicada debido al peso institucional que Almanza Avilés tuvo dentro de la Fiscalía de Sinaloa. En 2017 fue designado encargado de la Policía de Investigación por el entonces fiscal estatal, Juan José Ríos Estavillo, y dos años después recibió el nombramiento como Comisario General de la corporación, posición desde la cual encabezó investigaciones y operaciones estratégicas en una de las entidades más golpeadas por la presencia del crimen organizado.
Su permanencia en el cargo durante varios años y su posterior jubilación sin cuestionamientos públicos contrastan con las acusaciones que ahora enfrenta y alimentan las dudas sobre los mecanismos de supervisión y control interno que operaron dentro de las instituciones de seguridad del estado.
Más allá de la situación jurídica del exfuncionario, el caso vuelve a exhibir una problemática recurrente en México: la aparición de señalamientos contra altos mandos policiacos años después de haber ejercido funciones clave en el combate al crimen, mientras las investigaciones avanzan principalmente desde instancias extranjeras.
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La entrega de Almanza Avilés representa un nuevo golpe a la credibilidad de las corporaciones de seguridad sinaloenses y reabre el debate sobre la posible infiltración de grupos criminales en áreas estratégicas del aparato de justicia, así como sobre la capacidad de las autoridades mexicanas para detectar y sancionar oportunamente presuntos actos de corrupción dentro de sus propias filas.
