La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, del senador morenista Enrique Inzunza y de otros ocho implicados señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, de acuerdo con fuentes oficiales.
La medida se da luego de que el Gobierno de Estados Unidos solicitara formalmente, el pasado 28 de abril, la detención con fines de extradición de Rocha Moya y de integrantes de su círculo cercano, acusados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de brindar protección al Cártel de Sinaloa para facilitar operaciones de tráfico de drogas y armas.
El caso ha escalado a nivel internacional debido a que se trata del primer gobernador en funciones en México requerido por autoridades estadounidenses por delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.
De acuerdo con las investigaciones presentadas en Estados Unidos, Rubén Rocha habría encabezado una estructura de protección institucional en favor del grupo criminal, señalado por operar bajo el esquema de un “narcogobierno” en Sinaloa.
Tras darse a conocer el congelamiento de cuentas, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó no tener información detallada sobre la medida financiera, aunque sostuvo que la UIF actúa de manera técnica y que el bloqueo procede en caso de detectar irregularidades.
“No tenía conocimiento, hoy no lo pregunté, no tengo mayor conocimiento. Les vamos a pedir que informen, si es que hubo algo de eso”, declaró la mandataria federal.
“La UIF es un área técnica, digamos. Si encuentra alguna irregularidad, pues procede, que pueda informar en su momento”, agregó.
Enrique Inzunza, actual senador de Morena y exfuncionario cercano al gobierno estatal de Sinaloa, también figura entre las personas señaladas dentro de la investigación impulsada por autoridades estadounidenses.
Hasta el momento, ni Rocha Moya ni Inzunza han emitido una postura pública sobre el congelamiento de cuentas o las acusaciones formuladas por el Gobierno de Estados Unidos.
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La petición de extradición y las acciones financieras emprendidas por la UIF ocurren en medio de una creciente presión internacional sobre las redes políticas y de seguridad presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa, organización criminal que mantiene disputas internas y operaciones de tráfico hacia territorio estadounidense.
