El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue trasladado este domingo al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 «Altiplano«, en Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de que un juez federal le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
El convoy que lo trasladó salió alrededor de las 9:30 horas de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la colonia Guerrero de la Ciudad de México. Junto con Ruffo fueron enviados al penal de máxima seguridad Ricardo Thompson Navarro, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Luis Antonio Barrientos Juárez y otros imputados señalados dentro de la misma investigación.
En contraste, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales obtuvieron prisión domiciliaria por motivos de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén fue internada en el Centro Penitenciario Femenil Nezahualcóyotl Sur.
La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) involucra a la empresa Ingemar, de la que Ruffo es socio, además de agentes aduanales y diversas compañías presuntamente relacionadas con una red dedicada a introducir ilegalmente combustible procedente de Estados Unidos mediante esquemas de contrabando y evasión fiscal. Según la autoridad, el combustible ingresaba al país con declaraciones falsas o incompletas ante las aduanas, reportando menores volúmenes o clasificándolo como productos distintos para evitar el pago de impuestos.
La FGR aseguró que las detenciones son resultado de una investigación de alta complejidad realizada en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, enfocada en operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de hidrocarburos. De acuerdo con la dependencia, estas prácticas no sólo ocasionan un importante daño patrimonial al Estado por la evasión de contribuciones, sino que también representan una fuente de financiamiento para organizaciones criminales.
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El caso de Ruffo, considerado una de las figuras históricas del PAN por haber sido el primer gobernador de oposición en la era moderna, marca uno de los procesos judiciales de mayor impacto político de los últimos años. La defensa del exmandatario solicitó la ampliación del plazo constitucional, por lo que en los próximos días un juez resolverá si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por los delitos que le imputa la FGR.
